Rodrigues ratificó la sospecha de que Bolsonaro se apoyó en datos inexistentes para aseverar que la cifra de vidas perdidas por Covid-19 era inflada por gobernadores y alcaldes.
La CPI tomó declaración al funcionario Alexandre Marques, del Tribunal de Cuentas de la Unión, quien reconoció ser el autor del texto que Bolsonaro citó como si fuera un documento oficial del ente fiscalizador.
Con ese escrito en sus manos, el exmilitar se atrevió a afirmar en junio que Brasil tenía al menos ‘un 50 por ciento menos de muertos’ por el virus.
Imputó a alcaldes y gobernadores por supuestamente abultar guarismos para recibir más recursos monetarios del Estado.
El auditor informó que su padre, Ricardo Silva Marques, fue quien remitió la encuesta al presidente.
Además, el declarante indicó que el documento fue manipulado antes de ser utilizado por Bolsonaro.
Para la CPI, el ocupante del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) cometió un delito al utilizar el documento modificado atribuyendo falsamente un carácter oficial.
Ante los hechos, Rodrigues comentó que el gobernante alertó a Brasil de que había ‘un documento oficial y es algo muy serio’.
Insistió en que ‘los elementos y las pruebas hacen pensar que la falsificación se produjo en la presidencia de la República o por el presidente de la República’.
El senador Humberto Costa coincide en que la declaración deja en claro que un documento no oficial llegó a manos de Bolsonaro y fue difundido a la sociedad, pese a ser falso, como apoyo al argumento de la sobreestimación de las muertes por Covid-19.
‘Se trata de un delito de falsedad ideológica cometido por el propio presidente, que defraudó o determinó que alguien escamoteara este documento para justificar una posición’, argumentó.
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