Según los representantes de los empleados públicos y otros críticos de la PEC, la iniciativa del Ejecutivo pretende reducir el Estado.
Bajo el argumento de gastar menos para que la economía crezca, el Gobierno ‘quiere adelgazar’ la maquinaria pública, pero la PEC solo afecta a funcionarios peor pagados, que están en primera línea de servicio a la población.
De acuerdo con la Campaña contra la PEC 32, la reforma administrativa ‘cambia y elimina derechos y garantías ya establecidos para los funcionarios públicos, mientras protege a las Fuerzas Armadas, la cúpula del Poder Judicial, el Parlamento y el Ejecutivo’.
El presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, adelantó que la propuesta debería entrar en votación hasta finales de agosto en el pleno.
Tal medida fue presentada por la administración federal en septiembre de 2020 y modifica una serie de normas que regulan el trabajo en la administración pública.
La lucha contra la PEC 32 resultó la pauta principal de esta jornada en al menos 20 estados, pero la movilización fue también contra el desempleo, por la ayuda de emergencia de 600 reales (unos 106 dólares), la vacunación antiCovid-19 para todos, contra la privatización y el empobrecimiento de la población.
‘No podemos tener en Brasil lo que vimos pasar en el Chile de Pinochet, donde la gente no tenía acceso a la educación pública, a la sanidad, a la jubilación y al empleo, lo cual finalmente llevó a una verdadera revolución en ese país’, alertó el diputado federal Rogério Correia.
Insistió que ‘hoy, ellos (los chilenos) han elegido una nueva Asamblea Constituyente que seguramente será una similar a la nuestra de 1988 y que, lamentablemente, el ministro (de Economía), Paulo Guedes, y el Gobierno de (Jair) Bolsonaro quieren destruir’.
La movilización formó parte de la creciente ola de protestas populares que salieron la calle desde mayo, en reclamo por la destitución de Bolsonaro.
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