Escudado en un habeas corpus, Maximiano repitió varias veces que no hablaría, amparado en la garantía constitucional de no incriminarse.
Su compañía representa en el país al laboratorio indio Bharat Biotech, fabricante de la vacuna antiCovid-19 Covaxin, que negoció una transacción millonaria con el Ministerio de Salud y es blanco de investigación.
Covaxin fue el antígeno más caro negociado por el Gobierno y entró en la mira de la Policía Federal y de la CPI después que Ricardo Miranda, jefe de la División de Importación del Departamento de Logística de la cartera de Sanidad, denunciara que estaba siendo presionado para liberar la importación.
El socio-propietario de Precisa renunció a los 15 minutos de intervención que normalmente se conceden a los testigos e investigados que comparecen ante la CPI y se acogió varias veces a su derecho a callar.
Para la legisladora Soraya Thronicke, ‘el silencio hablaba fuerte’.
Según el senador Fabiano Contarato, el hombre de negocios se negó a responder a ‘preguntas elementales’: no explicó por qué los pagos a Precisa se hicieron en un paraíso fiscal y tampoco dijo si su empresa paga impuestos por sus operaciones.
Recalcó que los hechos incriminan a quienes deciden callar y recordó que la directora de Precisa, Emanuela Medrades, estuvo en la junta con la misma defensa, pero habló.
‘Solo puedo concluir que, si ella decidió hablar, el silencio del señor lleva a atribuirle responsabilidad penal por corrupción pasiva, activa, falsificación de documento’, concluyó Contarato.
Entre las preguntas que quedaron sin respuesta está la incompatibilidad del nivel de vida de Maximiano con sus ingresos declarados.
La parlamentaria Simone Tebet afirmó que los contratos de Precisa con el ministerio son sospechosos y tienen indicios de corrupción, tráfico de influencias, delito contra la administración pública e incluso blanqueo de dinero.
El funcionario Ricardo Miranda y su hermano, el diputado Luis Miranda, denunciaron presiones internas en la cartera para liberar la adquisición de Covaxin, aun con errores verificados en la orden de pago.
Revelaron que la factura generada por la compra traía menos dosis de las acordadas, la determinación del pago anticipado y el nombre de una empresa intermediaria que no estaba en el contrato.
La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 572 mil 641 vidas perdidas y 20 millones 494 mil 212 contagios.
dfm/ocs
