Una de esas bandas estaba compuesta por nueve personas que se dedicaban a ingresar ilegalmente a migrantes de nacionalidad boliviana por pasos no autorizados en la frontera entre ambos países.
Según las autoridades unas tres mil 600 personas fueron contactadas por el grupo en el vecino país desde comienzos de este año, con un promedio de entre 40 y 60 que eran introducidas a Chile en cada viaje que terminaba en la municipalidad de Estación Central, en esta capital.
Alex Schwarzenberg, jefe nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, informó que entre los detenidos figuran una boliviana, dos venezolanos y seis chilenos, que cobraban a cada inmigrante unos 200 dólares.
Carolina Suazo, fiscal de alta complejidad de la sección Centro Norte de esta capital, señaló que los delitos de esta banda se agravan por la gran presencia de menores de edad, incluyendo niños niños acompañados y no acompañados.
Añadió que además existió un importante riesgo para la vida de todos los indocumentados, pues debían cruzar a pie el desierto a altas horas de la noche y luego permaneciendo en muchos casos hacinados en casas de localidades fronterizas hasta que pudieran viajar a Santiago.
También hoy se conoció el desmantelamiento de otro grupo integrado al menos por cuatro personas y encabezado por una venezolana residente aquí, que cobraba a cada inmigrante ilegal unos 130 mil pesos chilenos (cerca de 200 dólares).
Según su forma de operar, la jefa de la banda tenía contactos en Colombia y Perú que le avisaban de la llegada de los viajeros a la frontera con Chile, donde estos eran recogidos y llevados en un transporte hasta la localidad de Pozo Almonte en la región de Tarapacá.
Allí eran alojados en un hotel que formaba parte del entramado, donde permanecían hasta que recibían documentación falsa que les permitía trasladarse por sus propios medios hacia el interior de Chile.
Datos del Departamento de Extranjería y Migración indican que en Chile residen 1,4 millones de migrantes, que representan el siete por ciento de la población, la gran mayoría de ellos venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos.
Las entradas ilegales al país ocurren fundamentalmente por las fronteras con Perú y Bolivia, un fenómeno que no se ha detenido ni siquiera con las fuertes restricciones a causa de la pandemia de la Covid-19 desde hace más de un año.
En abril pasado entró en vigor una nueva ley de migración que permite al Gobierno deportar de forma más expedita a los inmigrantes, de los cuales unos 500 fueron expulsados en lo que va del presente año.
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