El portal Consultor Jurídico asegura que, en su decisión, la magistrada Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves, del décimo segundo Tribunal Federal de Brasilia, denegó la petición del fiscal Frederico Paiva para reiniciar la acción penal contra Lula, al considerar que no presentó pruebas.
La demanda original, presentada en la sureña ciudad de Curitiba, fue anulada por el Supremo Tribunal Federal (STF) al reconocer la incompetencia del décimo tercer Juzgado Federal de la capital de Paraná y la sospecha de parcialidad del exjuez Sérgio Moro en procesos contra el fundador del Partido de los Trabajadores.
A principios de agosto, a pesar de que el STF anuló todas las condenas de Moro contra el exdirigente obrero, el Ministerio Público Federal ratificó la denuncia sobre el sitio de Atibaia y ordenó al décimo segundo Tribunal Federal del Distrito Federal que la reciba.
Tal solicitud está contenida en el dictamen firmado por Paiva, pero Martins Alves determinó que ‘no se demostró la justa causa en la ratificación acusatoria porque no se señalaron las pruebas que subsistían a la anulación procedida por la Corte Suprema’.
De acuerdo con las acusaciones, el exgobernante se benefició de obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en la finca en Atibaia, ubicada en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la compañía estatal Petrobras.
La imputación indica que el sitio fue utilizado por la familia del expresidente, lo cual es negado por Lula. La sentencia en primera instancia fue de 12 años y 11 meses.
Por esta causa, la jueza suprimió ahora las penas para todos los implicados mayores de 70 años de edad.
Además de Lula, de 75 años, fueron beneficiados Emilio Odebrecht (dueño de la constructora que lleva su nombre), Léo Pinheiro (expresidente de la constructora OAS), Carlos Armando Paschoal y Alexandrino Alencar (ambos exdirectores de Odebrecht).
Una nota de la defensa del exgobernante indica que quedó demostrado que el exlíder sindical nunca recibió dinero de Odebrecht para pagar las reformas del lugar, el cual tampoco fue nunca suyo.
Detalla que la transferencia de recursos financieros de Odebrecht, como se alega en la denuncia, se hizo en realidad a un director de la empresa, no para obras en esa propiedad. ‘El caso fue anulado por el STF y restaura la inocencia de Lula’, remarcan los abogados del expresidente.
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