El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios propuso una acción en defensa de la Ley de Retiro Digno, mientras la United Auto Workers (UAW) presentó documentos mediante los cuales se adhiere a la solicitud.
La Junta de Supervisión Fiscal demandó en julio pasado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, detener la implementación de la ley.
Igualmente, la acción del organismo impuesto por Estados Unidos incluyó en su acción a los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Ambos cuerpos legislativos aprobaron unánimemente la medida, que en su momento firmó Pierluisi.
En esencia, la normativa jurídica articula una serie de políticas públicas del Gobierno y declara que el Estado Libre Asociado no tomará medidas legislativas o de otro tipo para implementar un plan de ajuste inconsistente.
Este litigio plantea una pregunta fundamental sobre el alcance de la autoridad de la Junta de Supervisión bajo la Ley Promesa, aprobada por Washington hace cinco años para controlar las finanzas de Puerto Rico, ante la deuda pública de 73 mil millones de dólares.
El recurso legal establece que la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal es tan amplia, que despoja a las autoridades electas de Puerto Rico de declarar bajo qué circunstancias cooperarán con los planes de reorganización y el lenguaje de Promesa.
Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal da una respuesta clara: su poder no llega tan lejos.
El documento de 19 páginas concluye que la Ley de Retiro Digno no contraviene la Ley Promesa como alega la Junta, ya que se mantiene en la zona de poder que le fue delegada al Gobierno por parte del Congreso.
Los sindicatos exponen que si la corte federal de quiebra encontrara que la Ley de Retiro Digno contraviene la de Promesa en alguna de sus partes, debería derogarlas y mantener el resto del estatuto.
‘Desde el año pasado hemos apoyado la aprobación y la firma de la Ley de Retiro Digno por entender que es la mejor alternativa que tienen el Gobernador y la Legislatura para conseguir mayores recortes a los bonistas y garantizar el pago de pensiones a los jubilados del sector público actuales y futuros’, indicó Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.
La directora regional de UAW, Beverly Breakman, manifestó que como representante de miles de jubilados y trabajadores activos de Puerto Rico respaldan la Ley de Retiro Digno, pues crea una política pública para proteger las pensiones y los servicios esenciales.
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