Con la medida se restituye una primera parte del derecho de las víctimas a la verdad, destacó en un comunicado la Asociación Justicia para la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), al conocer la decisión de Gálvez.
Lucas, antiguo jefe del Estado Mayor General del Ejército y Callejas, de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, asistieron este lunes a la resolución del caso contra el pueblo ixil, después de su apertura en noviembre de 2019.
La resolución de este lunes, considerada histórica, da valor probatorio a casi 200 testimonios, 148 peritajes de Antropología Forense, 12 peritajes científicos y más de 70 documentos militares, históricos y hemerográficos, que dan cuenta de un aproximado de mil 731 víctimas de masacres, argumentaron la Asociación Justicia para la Reconciliación y Odhag.
Asimismo, respalda hechos individuales, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, torturas y desapariciones forzadas.
En su pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional, las entidades recordaron que miles de familias mayas fueron víctimas de los planes estatales de destrucción y muerte durante el Gobierno del General Romeo Lucas García entre 1978 y 1982.
‘Falsamente resultaron calificados por la inteligencia militar como enemigos del Estado y atacados sistemáticamente con operaciones militares denominadas como de barrida, dirigidas por la Sección de operaciones del Estado Mayor General del Ejército’, detallaron.
Particular ensañamiento sufrió la región habitada por el grupo étinico maya ixil, según datos del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica, con operaciones implementadas por el Alto Mando Militar en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal. ‘Celebramos hoy la justicia, tardía, pero se acerca el horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas’, resaltó la publicación.
Queda ahora a un tribunal de jueces del Organismo Judicial responder apegado a derecho y actuar bajo los estándares más altos de honestidad, imparcialidad y justicia, para rechazar los proyectos de impunidad que pretenden imponer amnistías, argumentaron los firmantes.
García y Callejas ya fueron condenados a 58 años de prisión por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hermana en 2018.
La acción de dignificación de la memoria de las víctimas cobró mayor significado este 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido.
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