El grupo de nativos, que forma parte del campamento Lucha por la Vida, domina un área del Complejo Cultural Funarte entre la Torre de Televisión y el Centro de Convenciones, en el centro de Brasilia.
La audiencia en el STF, prevista en un inicio para el 26 de agosto, se aplazó hasta el 1 de septiembre.
El viernes, los aborígenes marcharon por la Explanada de los Ministerios hasta la Plaza de los Tres Poderes y prendieron fuego a un ataúd frente al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
La Corte Suprema decidirá si las comunidades tradicionales solo tienen derechos sobre tierras antes de la promulgación de la Constitución federal en 1988.
El llamado marco temporal fue creado por una decisión del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4), que en 2013 concedió al Instituto de Medio Ambiente del sureño estado de Santa Catarina la recuperación de un área dentro de la Reserva Biológica de Sassafrás, donde también se encuentra la tierra originaria Ibirama-La Klãnõ.
La reserva está ocupada por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. La determinación del TRF-4 fue cuestionada en el STF por la Fundación Nacional del Indio.
El instituto indica que la tesis del marco temporal está siendo utilizada por el Gobierno federal para evitar nuevas demarcaciones de tierras indígenas.
Denuncia que el 63 por ciento de los terrenos ocupados por comunidades nativas pueden ser expropiados si el Supremo valida el plazo.
Un fracaso en el tribunal superior implicaría un retroceso para los derechos de los pueblos originarios.
El presidente Jair Bolsonaro defiende ese marco temporal, al alegar que muy pocos aborígenes viven en mucha tierra, lo cual bloquea la expansión agrícola.
La determinación del STF, que podría necesitar más de una audiencia, sentará un precedente legal en momentos en que el exmilitar presidente y el agronegocio impulsan cambios legislativos sobre las áreas protegidas.
En una carta enviada en octubre de 2020 al Supremo, la Articulación de los Pueblos Indígenas de la Región Sur afirmó que estamos en este país, ‘mucho antes de la Constitución del Estado brasileño’.
Por lo tanto, remarcó la misiva, ‘nuestro derecho se origina y lo contrario sería institucionalizar la política genocida, es decir, que no existíamos antes del 5 de octubre de 1988, es juzgar en el olvido 520 años de supervivencia, de lucha, de historia, de conquistas’.
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