El 27 de agosto el STF aplazó para este miércoles el análisis tras la lectura del informe sobre la acción, uno de los casos más importantes de este segundo semestre.
La corte superior analizará una demanda de recuperación de tierras presentada por el gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng.
Tal petición se refiere a los terrenos aborígenes Ibirama-Laklãno, donde viven los pueblos guaraní y kaingang. Desde 2017, el Estado invoca la tesis del marco temporal para reclamar el territorio.
Según esta interpretación, la posesión de la tierra solo se garantiza a quienes puedan demostrar que estaban en el lugar en la fecha de promulgación de la Constitución federal, el 5 de octubre de 1988. En la práctica, esto limita el reconocimiento.
En 2019, el STF dio el estatus de ‘repercusión general’ al proceso, lo cual significa que la decisión tomada en el caso servirá de pauta para la dirección federal y todas las instancias de la justicia con respecto a los procedimientos de demarcación.
La Defensoría Pública Federal (DPU) se pronunció en contra de este hito y considera que el criterio resulta inconstitucional y arbitrario.
De acuerdo con la DPU, la tesis no tiene en cuenta el proceso histórico de apropiación y violencia sufrido por los indígenas.
Lo anterior se debe a que muchas comunidades se vieron obligadas a desplazarse de sus territorios y no los ocuparon en 1988.
El presidente Jair Bolsonaro defiende ese marco, al alegar que muy pocos aborígenes viven en mucha tierra, lo cual bloquea la expansión agrícola.
La determinación del Supremo, que podría necesitar más de una audiencia, sentará un precedente legal en momento en que el exmilitar gobernante y el agronegocio impulsan cambios legislativos sobre las áreas protegidas.
Indígenas que permanecen acampados en el centro de Brasilia desde el 22 de agosto decidieron seguir movilizados para acompañar el juicio histórico del STF.
Los nativos, que forman parte del campamento Lucha por la Vida, ocupan el área del Complejo Cultural Funarte, situado entre la Torre de Televisión y el Centro de Convenciones.
El viernes, los aborígenes marcharon por la Explanada de los Ministerios hasta la Plaza de los Tres Poderes y prendieron fuego a un ataúd frente al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
Un fracaso en el tribunal implicaría un retroceso para los derechos de los pueblos originarios en Brasil.
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