‘Como si no fuera suficiente la desconfianza que tiene el pueblo en las instituciones públicas, ahora Justicia abona a nuestro desaliento con su determinación’, dijo la letrada, presidenta del Movimiento Unión Soberana (MUS).
El ministro de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, confirmó la semana pasada que los fiscales Gretchen Camacho y Rufino Jiménez concluyeran que era imposible probar que Rosselló y su esposa, Beatriz Areizaga, falsificaron datos al solicitar el voto ausente en la elección especial del 16 de mayo último.
Para la ocasión, el Partido Nuevo Progresista (PNP) impulsó la elección, a partir de una ley especial aprobada de modo atropellado al cierre de la sesión legislativa del anterior cuatrienio con el propósito de elegir seis ‘congresistas’ pagados con fondos públicos para abogar por la anexión.
Ante esta realidad, Guzmán manifestó en una entrevista divulgada por la agencia puertorriqueña Inter News Service (INS) que, a todas luces, la acción del ministro Emanuelli representa un ‘toallazo’, al trazar una analogía con tirar la toalla en el boxeo.
‘Para justificar su toallazo, Justicia recurre a un malabarismo jurídico que es insostenible, pues contradice sus propios hallazgos al determinar que ni Rosselló ni su esposa eran domiciliados del país’, dijo la jurista.
Guzmán abonó que, siendo ello así, les estaba vedado emitir un voto ausente, de conformidad con los requerimientos que tiene la misma ley electoral que aprobó el PNP a pocos meses de las elecciones de 2020.
Ambos fiscales reconocieron que, según dispone el Código Electoral, el exmandatario no podía ejercer el sufragio en Puerto Rico, pero el titular de Justicia ofreció como razón para no imputarle delito que no pudo corroborarse la legitimidad del documento presentado ante la Comisión Estatal de Elecciones.
Rosselló, forzado a renunciar a la gobernación de Puerto Rico en el verano de 2019 por una combinación de prejuicios hacia la población puertorriqueña y actos de corrupción en su administración, figuraba inscrito como elector en otra jurisdicción, en Virginia (Estados Unidos), lo que prohíbe el Código Electoral de 2020.
Para la licenciada Guzmán, también analista política en radio y televisión, con este proceder el Ministerio de Justicia ‘abona a nuestro desaliento con su determinación’.
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