Ese delito está previsto y sancionado por el artículo 30 de la Ley especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) el 27 de octubre de 2020.
Según el acta de acusación, Ruiz brindó información falsa sobre hechos ocurridos durante los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde pobladores indígenas fueron asesinados.
En esas ocasiones, el acusado achacó al Estado y sus instituciones haber omitido de manera deliberada el deber de investigar esos delitos.
Al respecto, el Ministerio Público apuntó: ‘lo cual es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020’.
Acerca de los recientes acontecimientos del 23 agosto en el cerro Kiwakumbaih (norteño municipio de Bonanza), desde que fue conocido el asesinato de nueve personas la Policía Nacional designó un jefe, investigadores y peritos para trasladarse al lugar de los hechos e investigar estos crímenes, identificar y dar con el paradero de los criminales y presentarlos ante la justicia, argumentó.
La Fiscalía concluyó que el acusado Amaru Ruíz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad, el cual pone en peligro la soberanía nacional.
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