La administración del presidente Joe Biden promoverá la petición debido a que la norma aprobada recientemente por la Corte Suprema de Justicia interfiere ilegalmente en los intereses federales, según los diarios The Wall Street Journal y The Hill.
Esta semana el fiscal general y titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, aseguró que la Casa Blanca protegerá a las clínicas abortistas del estado en caso de que sufran ataques.
Estudiamos de forma urgente todas las opciones para objetar a la ley texana y proteger los derechos constitucionales de las mujeres, incluida la interrupción del embarazo, aseguró Garland en un comunicado.
‘Estamos en contacto con la fiscalía y las oficinas de campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Texas y el resto del país para resguardar a los profesionales de salud que practican estos procedimientos’, añadió.
Biden calificó la legislación como ‘profundamente anti-estadounidense’ luego de su entrada en vigor el 1 de septiembre y aclaró que perjudicará el acceso a la salud de las mujeres, especialmente aquellas emigrantes, negras y pobres.
La ley faculta a cualquier ciudadano a hacer cumplir la medida, y le otorga 10 mil dólares cada vez que consiga demandar con éxito a alguien que realice o facilite un aborto.
Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes instaron a la justicia a emprender acciones legales contra los ‘aspirantes a vigilantes’ que perseguirán y acosarán a quienes decidan abortar.
Los defensores de los derechos de las mujeres en el país lamentan el mal precedente que deja esta norma y temen que motive a otros estados a introducir leyes similares.
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