En un comunicado emitido por la cancillería, el Gobierno venezolano aseveró que el referido dictamen reproduce fallas metodológicas presentes en documentos previos de la oficina de Bachelet incorpora afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado.
En tal sentido, el ejecutivo bolivariano calificó de falsas las aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, ‘por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir’ al país.
Venezuela tomó nota sobre la conclusiones del informe de la alta comisionada de la ONU sobre los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra la nación sudamericana, incluida la disminución del 99 por ciento del ingreso nacional.
Asimismo, reflejó la existencia de elementos para considerar que dichas acciones punitivas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad, en sintonía con la remisión realizada por Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El Estado venezolano reiteró la voluntad de cooperar con el despacho de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, sobre la base del respeto a la verdad y a los principios de objetividad, imparcialidad, diálogo constructivo y no injerencia en los asuntos internos.
Venezuela ratificó además su compromiso para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como único camino para la realización de la paz y la tranquilidad del pueblo.
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