La estrategia de esa fuerza política no es para todos, sino para pocos, y su defensa a la propiedad privada por sobre otros derechos tiene relación con su historia de venta de tierras, sostuvo el investigador.
América Latina resulta la región más desigual del planeta y la ANR-PC es fiel a eso, afirmó el también analista, para quien el hecho de que el Estado esté cooptado por una minoría es un problema, por tanto descartó que ese modelo garantice la salud o el seguro social.
La prioridad del gobierno colorado no es el campesino, sino el sojero y el ganadero, y no cuenta con una proyección de desarrollo rural serio, agregó Rodríguez, citado por el diario Última Hora.
La idea económica de moda es la neoliberal, refirió y consideró que Paraguay no hace un filtro de este sistema con vicios, sino que lo adopta tal cual, por quedar bien con la colectividad internacional, sobre todo la norteamericana, sentenció.
Actualmente, en especial desde la llegada al poder de Horacio Cartes (2013-2018), pretenden aumentar las penas a las invasiones de inmuebles, lo cual varios sectores llaman criminalización de la lucha por la tierra, apuntó.
El sociólogo precisó que la privatización gigantesca de la historia paraguaya fue en el siglo XIX con la venta de las tierras públicas a manos del Partido Colorado, lo que crea al campesino sin dominios.
En esta nación sudamericana la propiedad no estaba bien garantizada, pero la posesión sí, o sea, a nadie se le ocurría echar de su tierra a alguien, eso era impensable, recordó.
Subrayó que existe un retroceso en cuanto a la interpretación de la Constitución, ya que se pone a la propiedad por encima de otros derechos.
Describió que los campesinos constituyen el 40 por ciento de la población, pero tienen menos de un millón y medio de hectáreas, mientras que quienes representan solo el dos por ciento poseen alrededor de cuatro millones.
Las declaraciones de Rodríguez se producen luego que la Cámara de Senadores votara el jueves último por crear un grupo de trabajo para investigar los casos de tierras malhabidas.
Una Comisión llamada de Verdad y Justicia publicó antes un extenso informe en el cual da cuenta que entre 1954 y 2003 el 32,7 por ciento de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria, aproximadamente ocho millones de hectáreas.
Desde la publicación del texto, en la nación se generaron todo tipo de acusaciones políticas y también la presión de campesinos y organizaciones sobre la recuperación de las tierras, como igualmente las denuncias de gremios de producción.
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