Desde que asumió el cargo en enero de 2019, el exmilitar apostó por polémicas agendas y promesas que, al resultar incumplidas, menguaron la confianza en su administración.
Considerado como algo inédito en la historia reciente de Brasil, el excapitán del Ejército sustituyó en sus primeros tres meses a dos ministros. Al concluir agosto pasado se contaron 19.
También la corrupción salpica desde entonces al mandatario y su familia con las investigaciones contra uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, por presunto desvío de recursos de su otrora gabinete de diputado.
A lo anterior se suma la presunta implicación del jefe de Estado en la irregular compra de Covaxin, la vacuna india antiCovid-19, actual tema de indagación de una comisión senatorial.
Recientemente, además, una empresa abierta por Ana Cristina Siqueira, su segunda exesposa, realizó infrecuentes retiros de dinero entre 2008 y 2014 que la Fiscalía encauza hacia posibles desvíos de recursos públicos.
Tal retirada de capital aparece en un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras que investiga en la antigua oficina del concejal Carlos Bolsonaro, otro de sus descendientes, el presunto esquema para exigir a empleados que depositaran en sus cuentas parte del salario, práctica conocida en Brasil como rachadinha.
Bolsonaro provocó asimismo rechazos y denuncias cuando en 2019 intentó conmemorar el aniversario 55 del golpe de 1964 que dio inicio a una dictadura militar de 21 años que causó más de 430 muertos y desaparecidos.
Hizo aflorar igualmente comentarios negativos cuando comunicó el decreto de facilitación a la posesión de arma y un paquete anticrisis.
Firmó una disposición que facilita la posesión de artilugios de guerra. El Congreso reaccionó y anuló una norma que trataba del porte, es decir, el derecho a circular armado.
En sus primeros tres meses en el poder, el exparacaidista cumplió cuatro viajes al exterior (Suiza, Estados Unidos, Chile e Israel).
Figuras políticas y diplomáticas criticaron su viaje a Washington por romper la tradición de que un presidente electo brasileño debe viajar primeramente a Buenos Aires.
En Estados Unidos, afirmó que la mayoría de los inmigrantes ‘no tienen buenas intenciones’, y luego reculó. En Chile, elogió al extinto dictador Augusto Pinochet y en Israel manifestó que el nazismo era de izquierda.
De igual manera fue cuestionada su evidente sumisión y obediencia ciega al entonces gobernante estadounidense, Donald Trump.
Analistas aseguran que por su verbo retórico, Bolsonaro no articulará una alianza política y sus bravuconadas declaraciones paralizaran negociaciones comerciales, aumentaran la tensión social y mantendrán al gobierno como blanco de críticas.
En los casi dos años y 10 meses de administración, este gigante país tiene que lidiar con el empeoramiento de una serie de indicadores económicos.
Las funestas condiciones de vida son percibidas por los brasileños en forma de inflación disparada, con aumentos en los precios de los combustibles, los alimentos, la electricidad y el gas. Además, el desempleo afecta a cerca de 15 millones de personas.
El mandatario es considerado el principal responsable de estos escenarios, hasta el punto que enfrenta un creciente rechazo entre la población y 132 pedidos de destitución descansan en la Cámara de Diputados.
Últimas encuestas revelan que el 53 por ciento de los brasileños desaprueba el gobierno del político de marcada tendencia ultraderechista y existe la sensación de que no se ha comprometido a tomar actitudes para revertir esta desastrosa situación.
Para más leña al fuego, el 7 de septiembre, Día de la Independencia, Bolsonaro estimuló a sus partidarios para el acto que, según él, sería un ultimátum para uno o dos ministros de la Corte Suprema.
No nombró a los jueces, pero resultó clara alusión a Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso, quienes autorizaron una investigación al exoficial sobre emisiones de noticias falsas y ataques a la democracia. El día de la protesta y con verbo golpista, el presidente amenazó al tribunal superior.
Aun así, al intervenir en la reciente 76 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolsonaro presentó una versión idílica de Brasil a los demás líderes mundiales, situando al país como una de las mejores economías emergentes del planeta.
Culpó de la inflación a gobernadores y alcaldes que adoptaron medidas de aislamiento social para intentar frenar el avance de la Covid-19.
Según comentaristas políticos, las mil jornadas del actual gobierno fueron días de odio, de coacciones a la prensa, de ataques y amenazas a la democracia, de insultos y faltas de respeto, de mentir sobre la deforestación y quema en la Amazonia, de constantes agresiones contra el Poder Judicial.
Estudios aseguran que el presidente emitió mil 682 declaraciones falsas o engañosas solo en 2020, un promedio de 4,3 por día.
Las crisis derivadas de impensados discursos y acciones obligan a todos a preguntarse cómo serán los 375 días que le quedan a la administración de Bolsonaro en Brasil.
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