Emplazamos al mandatario Mario Abdo a pronunciarse dentro de 24 horas sobre el documento sancionado la víspera por el Senado y la Cámara de Diputados, aseveró el nativo en declaraciones a radio Monumental 1080 AM.
Si lo promulga nos vamos a quedar, no vamos a retroceder ni un paso atrás, aseguró Romero, quien representa a más de dos mil indígenas todavía reunidos en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional.
El dirigente de la zona de Canindeyú, Julián Ramírez, aseguró, por su parte, que seguirán la protesta en esta capital, hasta que su reclamo sea escuchado por el ejecutivo.
‘Entendemos que se están violando los derechos, quieren criminalizar nuestra lucha, vamos a seguir en la plaza, la decisión está tomada’, expresó.
Las comunidades indígenas son atropelladas por los narcos, los sojeros, los grandes ganaderos, como el senador Fidel Zavala, uno de los impulsores del polémico proyecto, aseveró Ramírez.
Antes del inicio de la sesión de este miércoles, en las cercanías del parlamento se produjeron graves incidentes entre nativos y policías, con un saldo de ocho agentes y un manifestante heridos.
El sistema legal paraguayo definió como delito la ocupación ilegal de tierras privadas en el artículo 142 del Código Penal, que con la referida modificación eleva a seis años la sanción, y hasta 10 en caso de daños al patrimonio o inmuebles.
A la norma se opusieron los diputados del Frente Guazú, quienes señalaron que busca criminalizar la protesta y la lucha de campesinos y pueblos originarios por sus derechos a la tierra.
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