Según la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT), las sucesivas victorias de Lula en los tribunales dejan al descubierto el lawfare (persecución judicial, utilización de la ley como arma política) del que fue víctima el exgobernante.
La jueza Pollyanna Kelly Maciel, del décimo segundo Tribunal Penal Federal del Distrito Federal, volvió a denegar la solicitud de reapertura del caso, pues la Fiscalía no presentó ninguna prueba válida.
Supuestas tentativas presentadas por el Ministerio Público son las mismas fabricadas por la desactivada operación Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba y consideradas nulas por el Supremo Tribunal Federal (STF).
‘Por estar basada en pruebas anuladas por el STF, la denuncia original no podía ser ratificada de forma genérica e irrestricta, por lo tanto. Repito, la denuncia no pudo ser recibida y en esa condición queda porque no se indicó qué pruebas válidas para sustentar la acusación’, indica un extracto del fallo.
Para el PT, la justicia reitera una vez más que la Lava Jato no tiene pruebas contra Lula, y que ‘el expresidente fue encarcelado injustamente durante 580 días, por no aceptar cambiar su dignidad por su libertad. áLa verdad ganó!’, remarcó.
La decisión también entendió que el plazo de las supuestas alegaciones había prescrito.
De acuerdo con las acusaciones, el exdirigente obrero se benefició de las obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en la finca en Atibaia, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la compañía estatal Petrobras.
La imputación indica que el sitio fue utilizado por la familia del exgobernante, lo cual es negado por Lula. La sentencia en primera instancia fue de 12 años y 11 meses.
Una reciente nota de la defensa del exlíder sindical indica que quedó demostrado que Lula nunca recibió dinero de Odebrecht para pagar las reformas del lugar, el cual tampoco fue nunca suyo.
Detalla que la transferencia de dinero de Odebrecht, como se alega en la denuncia, se hizo en realidad a un director de la empresa, no para obras en esa propiedad. ‘El caso fue anulado por el STF y restaura la inocencia de Lula’, remarcan los juristas del exjefe de Estado.
Sobre las pláticas entre los fiscales de la Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro, el abogado Cristiano Zanin, principal defensor de Lula, señaló que ‘allí vimos cómo no se debe utilizar la Justicia, cómo los agentes de la misma no pueden utilizar el poder del Estado para conseguir objetivos políticos, personales, entre otras acciones’.
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