Los 13 senadores del opositor Frente Amplio (FA) presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra el acuerdo de concesión por el Gobierno del monopolio de la terminal portuaria de contenedores de Montevideo por 60 años a la multinacional Kataoen Natie.
Para los denunciantes lo suscrito implica una serie de delitos muy graves, con un perjuicio económico nacional ya que se benefició a una empresa privada en más de mil millones de dólares y usurpación de funciones.
Apuntaron como responsables directos al actual ministro del Interior y extitular de Transporte, Luis Alberto Héber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; y el subsecretario de Transporte y Obras Pública, José Olaizola.
Consultado por la prensa al respecto, el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, respondió que ellos actuaron bajo su supervisión, lo que el FA recibió como un intento de presionar a la Justicia.
La vía judicial siguió a una interpelación de casi 20 horas en la Cámara de Representantes que concluyó con la convalidación por la mayoritaria bancada oficialista a Héber, pese a que la interpelante Lucía Etcheverry concluyó en que las respuestas a 65 preguntas formuladas fueron ‘elusivas, inconclusas y contradictorias’.
Igual desenlace tuvo otra interpelación, al ministro de Defensa, Javier García, por la compra de dos aviones Hércules jubilados por 26 millones de dólares, sin garantías mientras la cartera recorta los recursos al personal militar, fundamentalmente al subalterno, el más pobre, al que, ‘según decían, iban a privilegiar’.
El Sindicato Único Portuario de Uruguay (Supra) protagonizó un paro de 72 horas por jornales asegurados y contra monopolio concedido por el gobierno a la empresa Katoen Natie, por el que consiguió una negociación laboral colectiva a partir de la semana próxima.
Por otra parte la Federación Sindical de la Administración Nacional de Combustible de Uruguay (Fancap) realizó un paro de 24 horas contra la decisión de la directiva de la empresa de privatizar la industria cementera.
En apoyo el Sindicato Único Nacional de la Construcción de Uruguay (Sunca) se declaró en situación de alerta ante la privatización de la planta estatal de cemento Portland, y la defensa de las empresas públicas como locomotora del desarrollo productivo nacional’.
Gremios estudiantiles uruguayos de enseñanza secundaria se movilizaron en Montevideo y en Canelones en paro activo de 24 horas en reclamo de participar ante una anunciada reforma educativa, para defender los bachilleratos diversificados y por más recursos presupuestales.
Colectivos afrouruguayos pidieron cuenta al presidente Lacalle Pou por boicotear en Naciones Unidas la celebración de los 20 años de la Conferencia de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
mem/hr
