Los abogados de esa dependencia deberán examinar los antecedentes de la compraventa de la minera Dominga para determinar si hay posibles delitos tributarios o de tráfico de influencias que ameriten una investigación penal de oficio.
El fin de semana documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, revelaron que en 2010 el presidente y su familia vendieron acciones del proyecto minero por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
Parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuáles estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
En una alocución desde el Palacio de La Moneda, Piñera afirmó que desde abril de 2009, antes de asumir su primera presidencia, se desligó de la administración y gestión de las empresas familiares.
Según el mandatario, la venta, la estructura de la venta y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación en el año 2017 e investigadas por los tribunales, quienes determinaron que no había delito.
Tras la masiva filtración, conocida como Pandora Papers (Papeles de Pandora), parlamentarios chilenos anunciaron la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente.
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