‘Ciertamente que será (acusado). No vamos a hablar del grueso de la investigación y el informe. Ciertamente lo será, sí, por lo que hizo’, remarcó Calheiros.
La CPI llegó a la fase final de los trabajos. La previsión es que el informe se presente y vote en la segunda mitad del mes.
Después que el documento sea aprobado por la junta de indagación, se enviará al Ministerio Público que decidirá si acepta las solicitudes de acusación.
Según Calheiros, además de Bolsonaro, deberían entrar en la lista de peticiones de imputación ministros y ‘aquellas personas que tuvieron participación efectiva en el gabinete paralelo, en el gabinete del odio y todos aquellos que tuvieron responsabilidad en la malversación de dinero público y el robo’.
Esas personas, remarcó, tendrán que rendir cuentas y ‘utilizaremos los tipos penales de delito común, delito responsabilidad, delito contra la vida y humanidad, y estamos evaluando el uso del genocidio en relación con los indígenas’, precisó.
La CPI prevé la petición de imputación de al menos 30 personas en el informe final que tendrá su lectura el 19 de octubre y la votación al siguiente día.
El senador también comunicó que a partir del 15 de octubre tendrá listo el informe y hablará individualmente con cada miembro de la comisión sobre el texto.
Tras la votación, el ponente prevé que el documento se remita a diferentes organismos.
‘Hay una información muy importante: enviaremos a la Procuraduría General de la República solo lo que le corresponda. Y vamos a desentrañar (el informe) para enviarlo a la Fiscalía del Distrito Federal, Sao Paulo, otros estados, para el Tribunal de Cuentas de la Unión’, precisó.
Detalló que la fiscalía tiene un plazo de 30 días, establecido por la legislación de las comisiones de investigación, para evaluar el informe.
Este martes, la junta escucha al socio gerente de la empresa VTCLog, Raimundo Nonato Brasil, para saber si la compañía fue favorecida irregularmente en los contratos con el Gobierno.
La comisión parlamentaria fue instalada en abril y desde ese mes escucha a ministros, exfuncionarios, investigadores, médicos, especialistas, empresarios, parlamentarios y toda persona relacionada con el desempeño del Gobierno ante la Covid-19 que cobró cerca de 600 mil muertes y más de 21 millones de contagios.
En las sesiones salieron a la luz anomalías para imponer la prescripción de medicamentos sin eficacia contra la Covid-19 e irregulares acciones que conllevan a percibir corrupción en la negociación de las vacunas contra el virus.
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