El conflicto surgió por la decisión del presidente del país, Luis Lacalle Pou, de desviar 30 millones de dólares del INC a un fideicomiso para viviendas a más de 200 mil personas que ocupan terrenos en condiciones precarias.
Críticos a ese traslado de recursos, incluidos en la propia coalición, señalaron que se trataba de una cifra irrisoria para enfrentar un problema social que requiere, según estudios, por lo menos de mil 200 millones de dólares.
A la observación desde la bancada del opositor Frente Amplio de que se pretendía ‘vestir un santo, desvistiendo otro’ se sumaron en los hechos algunos senadores de los oficialistas Partido Nacional (PN), Cabildo Abierto y Partido Colorado.
Por lo menos los legisladores del PN Sergio Botana, Carlos Cammy y Jorge Gandini, se opusieron a la propuesta original del primer mandatario, quien los convocó para que retrocedieran en sus posiciones, y desencadenó una tensa negociación interna.
Al final se hará como dispuso el gobernante, junto a un traslado de 15 millones de dólares de otras fuentes presupuestales al INC para seguir comprando tierras para arrendarlas a familias del campo.
En un preliminar comentario el senador frenteamplista Alejandro Sánchez observó que el acuerdo del oficialismo no precisa si ese monto será por una sola vez, o se garantizará todos los años, lo que espera dilucidar en una próxima sesión de la Cámara Alta para votar un acuerdo.
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