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Denuncias contra monopolio, recortes y corrupción en Uruguay

Montevideo, 9 oct (Prensa Latina) La impugnada concesión por el gobierno de Uruguay de un monopolio portuario a una multinacional, reiterada en la semana, tomó hoy nuevo rumbo con un pedido formal de nulidad.

El opositor Frente Amplio dio un paso adicional a la denuncia penal presentada por su bancada legislativa ante la Fiscalía contra los funcionarios que negociaron y firmaron ese acuerdo, encabezados por el actual ministro del Interior y extitular de Transporte y el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés.

Durante la semana, el senador frenteamplista José Mahía sumó sus críticas a las de otros compañeros de escaños contra al presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, por declarar que los denunciados jerarcas ‘actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad’.

También para los legisladores Charles Carrera y Daniel Caggiani, lo que dijo el mandatario, en twitter, fue una velada intervención pública de presión al sistema de justicia que debe trabajar sin ninguna clase de injerencia.

Diputados de las filas de izquierda presentaron el viernes al Poder Ejecutivo un recurso de nulidad del contrato firmado con la empresa belga Katoen Natie para otorgarle el control de la Terminal de Contenedores de Montevideo por 50 años.

Los legisladores consideran que la resolución dictada en favor por la Presidencia carece de visos formales y constitucionales, sin un procedimiento administrativo previo, errónea motivación y ausencia de motivos.

Subrayaron que la creación de un monopolio privado y una sociedad de economía mixta es materia competente del poder Legislativo y en consecuencia lo acordado ‘viola flagrantemente normas constitucionales’.

Mientras, la fórmula de la coalición oficialista parlamentaria para financiar al Instituto Nacional de Colonización (INC) encontró rechazo por menguar recursos para comprar tierras que arrendar a familias del campo para su fomento.

El senador Alejandro Sánchez señaló que el INC ‘sale perdiendo’ un financiamiento de 30 millones de dólares derivado de la recaudación de impuestos que pasará a constituir un fideicomiso para los asentamientos suburbanos irregulares, un problema social que requiere por lo menos mil 200 millones de dólares.

Al respecto, la Coordinadora Nacional de Asentamientos de Uruguay reivindicó que la solución a su causa no es enfrentar a los pobres del campo con los de la ciudad, y sus integrantes marcharon hasta la Torre ejecutiva junto a la Federación de Cooperativas del Programa de vivienda Sindical y la Red de ollas populares.

Más en la justicia que en el parlamento actual, depositó el Frente Amplio su confianza respecto al caso del depuesto ministro de Turismo, Germán Cardoso, sujeto a una comisión investigadora legislativa, por irregulares contrataciones directas a empresas de publicidad por alto montos.

El diputado Eduardo Antoni, quien encabezó una denuncia de bancada corroboró que desde hacía tiempo Cardoso ‘era noticia en los medios de prensa por estar al filo de la navaja’ a causa de audios de fiscalía por sus vínculos con un policía al que procesaron por corrupción.

msm/hr

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