Así lo afirmó a la televisora GloboNews el relator de esa junta, Renan Calheiros, quien corroboró además que la lista incluye delitos de responsabilidad, contra la salud pública e incluso de lesa humanidad, además de las conductas previstas en el Código Penal.
‘Seguramente tendremos más de 40 acusados. Solo en relación con el presidente de la República, ya hemos seleccionado 11 tipos penales’, recalcó el senador.
El informe final de la CPI no propone acusaciones directas a la Justicia, sino imputaciones.
Tal procedimiento resulta similar al de una investigación policial, en la que las conclusiones de la pesquisa se envían al Ministerio Público que las analiza y decide si presenta una denuncia formal ante el Poder Judicial.
El portal de noticias G1 asegura que en el caso de Bolsonaro la acusación tiene que ser presentada a la Procuraduría General de la República que, por la Constitución, tiene la prerrogativa de presentar cargos penales contra el presidente.
Calheiros comunicó que otras instancias también recibirán el informe final.
‘Todos los que deban ser acusados, los acusaremos. Nosotros, sin embargo, enviaremos a diferentes instancias de la Fiscalía Federal los cargos, estas imputaciones’, aseveró el legislador.
Precisó que solo vamos a enviar al fiscal general a aquellos que tengan la jurisdicción especial adecuada.
Establecido por la legislación de las comisiones de investigación, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para evaluar el informe final que tendrá su lectura el 19 de octubre y la votación al siguiente día.
Adelantó asimismo el ponente que a partir del 15 de octubre tendrá listo el documento conclusivo y hablará individualmente con cada miembro de la comisión sobre el texto.
La CPI fue instalada en abril y desde ese mes escucha a ministros, exfuncionarios, investigadores, médicos, especialistas, empresarios, parlamentarios y toda persona relacionada con el desempeño del Gobierno ante la pandemia que cobró hasta la fecha más de 600 mil muertes y superó los 21 millones de contagios.
En las sesiones de la junta parlamentaria salieron a la luz anomalías para imponer la prescripción de medicamentos sin eficacia contra la Covid-19 e irregulares acciones que conllevan a percibir corrupción en la negociación de las vacunas contra el virus.
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