El Canal 12 reportó que el comisionado de policía de Israel, Kobi Shabtai, quiere utilizar la llamada detención administrativa para combatir la violencia que sacude a los árabes, un grupo que suma 1,9 millones de personas y representa el 21 por ciento de la población total del país.
Según la fuente, Shabtai también busca autorización para negar a los detenidos el acceso a un abogado.
Aunque algunos miembros del gabinete apoyan la propuesta otros la rechazan de forma tajante, subrayó la televisora.
Criticada por violar el derecho internacional, la política de detención administrativa permite el arresto de palestinos sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
El diario Haaretz confirmó la noticia, aunque destacó que el resto del sistema de seguridad de Israel no apoya los planes de Shabtai.
‘Me opongo a las detenciones administrativas en los territorios ocupados. No permitiremos que se apliquen en Israel’, escribió en Twitter el legislador Mossi Raz.
A principios de este mes el primer ministro Naftalí Bennett autorizó al Ejército y al servicio de seguridad interior (Shin Bet) a combatir la violencia en esa comunidad, lo cual provocó una ola de críticas.
Solo la policía debe aplicar la ley a los civiles, advirtió el diputado Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta, que agrupa a tres pequeños partidos de izquierda y árabes.
Policía para los judíos y el Shin Bet para los árabes, subrayó el también dirigente del partido Hadash.
En similar sentido se pronunció el legislador Sami Abou Shehadah, quien encabeza la formación Balad, integrante de la Lista Conjunta.
Según diversas fuentes, más de un centenar de árabes fueron asesinados en lo que va de año en Israel.
En medio de esa situación, la etiqueta #Arab_Lives_Matter ganó terreno en las redes sociales.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda. La ONG Sikkuy asegura que una de las principales razones de las diferencias entre los ciudadanos árabes y judíos es la asignación desigual de los recursos estatales.
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