El fiscal general, Tarek William Saab, denunció que ese hecho es el resultado de la violencia estructural y sistemática contra los ciudadanos venezolanos en el país vecino, como resultado de políticas discriminatorias.
En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, el titular reiteró el llamado a las autoridades colombianas a esclarecer el asesinato ocurrido el 9 de octubre en el casco urbano del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
Las víctimas fueron retenidas tras ser acusadas de hurto a un almacén, maniatados y grabados mientras se observa a un hombre de la comunidad con intenciones de entregarlos a la policía ‘para que no aparecieran muertos en la vía’, reseñó Saab.
Posteriormente, llegaron hasta el lugar hombres armados que se llevaron a los menores, quienes horas más tarde fueron encontrados ya ejecutados sobre la vía que conduce al municipio de El Tarra, agregó.
Ante la gravedad de tales actos, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, exigió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una investigación profunda y que se haga justicia.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres, y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, Plasencia alertó sobre el ‘contexto xenofóbico’ auspiciado por el gobierno de Iván Duque contra los migrantes venezolanos.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó el asesinato y las acciones dirigidas a promover el odio contra los migrantes.
La víspera se instaló una comisión especial del Parlamento para investigar ese y otras acciones violentas contra los connacionales en países de América, fundamentalmente, la cual estará presidida por el diputado Julio Chávez.
El gobierno además anunció que denunciará a Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de persecución y violencia sistemática contra migrantes procedentes de esa nación.
‘Venezuela llevará a Iván Duque ante la CPI por el delito de exterminio y persecución contemplado en el Estatuto de Roma, (…) por el asesinato de nuestros migrantes que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales’, sentenció la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
De acuerdo con cifras del Departamento de Medicina Legal de Colombia, solo en el transcurso de 2021 un total de 360 personas procedentes de la vecina nación sufrieron muerte violenta en territorio neogranadino.
Datos de organismos no gubernamentales, citados por las autoridades de Caracas, dan cuenta del asesinato de más de dos mil migrantes venezolanos en Colombia desde 2017.
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