Nicole Navas Oxman, portavoz del DOJ dijo que la extradición de Saab se ‘llevó a cabo en pleno cumplimiento de todas las leyes y fallos judiciales pertinentes de Cabo Verde’, pero el gobierno venezolano asegura lo contrario.
Caracas considera que el funcionario fue detenido a mediados de 2020 de manera ilegal y sin orden de captura por presiones políticas de Washington, cuando se encontraba en una misión diplomática para llevar alimentos al pueblo de Venezuela.
Así también lo manifestó su abogado de defensa en una declaración en video donde denuncia que Saab fue ‘secuestrado’ por Estados Unidos y su extradición ‘violó’ las reglas de Cabo Verde y del derecho internacional.
El gobierno venezolano lo acreditó en 2018 como enviado especial, cuyas funciones consistían en facilitar la obtención de suministros médicos, alimentos y otros bienes, frente a los obstáculos impuestos por el bloqueo de Estados Unidos al país suramericano.
De acuerdo con denuncias del Ejecutivo bolivariano, la detención respondió a la campaña de asedio orquestada por la anterior administración estadounidense contra Venezuela, con el fin de infligir más sufrimiento al pueblo y desestabilizar sus instituciones y orden interno.
Washington lo acusa de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó por su presunta participación en supuestas tramas de corrupción.
La delegación del gobierno venezolano a la mesa de diálogo con la Plataforma Unitaria de la oposición anunció la víspera la decisión de suspender su participación en la próxima ronda de conversaciones como respuesta a la extradición de Saab.
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