Esa arremetida causó más de 250 muertos y desde entonces el gobierno de Recep Tayyip Erdogan persigue a los responsables.
La redada se efectuó amparada en órdenes emitidas por la Fiscalía de la provincia de Esmirna (oeste) contra 160 personas en el marco de una investigación sobre la supuesta infiltración de esos elementos en las Fuerzas Armadas, según fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Entre los acusados figuran varios soldados en activo arrestados durante una serie de operaciones simultáneas en 41 provincias del país, mientras que el despliegue sigue activo para detener al resto de sospechosos.
Por otra parte, la Fiscalía de Balikesir (noroeste) emitió órdenes de detención contra 46 personas mientras las autoridades buscan a otras 123 por comunicarse con miembros de la organización de Gulen a través de teléfonos móviles.
Ankara culpa al clérigo que vive en el país norteamericano en un exilio autoimpuesto desde 1999 y niega vinculados con la intentona golpista.
En tanto el ejecutivo comenzó investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del gobierno, hecho que generó rechazo en las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de este país, que acusan a Erdogan de ordenar una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.
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