El poeta y militante comunista falleció en la clínica de Santa María, de esta capital, el 23 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende.
Aunque la versión oficial de la dictadura (1973-1990) atribuye la muerte del vate al cáncer de próstata que padecía, familiares y amigos sostienen la hipótesis de que fue asesinado por órdenes de Pinochet.
En 2012 el chofer y ayudante del poeta, Manuel Araya, denunció su posible envenenamiento y a partir de ahí se realizaron varias investigaciones, una de las cuales arrojó la presencia en sus restos y en un molar de la sustancia tóxica Clostridium botulinum, incompatible con la vida.
Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir el proceso después que en septiembre pasado la ministra en visita de la causa de derechos humanos, Paola Plaza, diera por cerrado el sumario, sin tomar en cuenta algunas diligencias solicitadas por los querellantes.
Ahora la justicia determinó realizar un nuevo peritaje caligráfico al certificado de defunción y revisar e interpretar los resultados de las pericias realizadas por los expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague.
Asimismo, se citará a prestar declaración judicial al director del proyecto de Documentación de Chile, Peter Kornbluh, y al médico Eduardo Arriagada Rehren, exjefe de Sanidad del Ejército, quien fue condenado en 2017 a 20 años de presidio por el homicidio calificado de dos reos en 1981.
En opinión de la abogada de la familia del poeta, Elizabeth Flores, la decisión de reabrir el caso constituye una buena noticia para la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos humanos, que han sido y continúan siendo violentados permanentemente en el mundo.
“No era posible poner una lápida a la investigación que hemos llevado durante 13 años», dijo Flores.
Mientras, el también abogado y sobrino del escritor, Rodolfo Reyes, valoró el que se permitan considerar diligencias ya realizadas como el peritaje de laboratorios internacionales de Canadá y Dinamarca.
En declaraciones al Diario y Radio Universidad de Chile, Reyes apuntó a la falta de colaboración del Estado en la investigación.
“La vida de Pablo Neruda es la misma de cualquier detenido desaparecido. Es el Estado el que debe responder por los derechos humanos”, dijo.
Reyes expresó su esperanza de que con la reapertura del caso se puedan esclarecer las circunstancias de su muerte.
El autor de Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra y Canto general, entre otros muchos poemas, fue merecedor en 1971 del Premio Nobel de Literatura.
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