La resolución se aprobó con el apoyo de nueve republicanos que se sumaron a los demócratas a favor de la medida que consiste en el envío del caso al Departamento de Justicia (DOJ), el cual decidirá si presenta cargos penales en su contra.
El cercano colaborador del exjefe de la Casa Blanca se negó a ofrecer su testimonio sobre los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero que dejaron un saldo de cinco muertos y decenas de heridos.
Steve Bannon nos ha llevado por este camino al negarse a cooperar de cualquier manera con nuestra investigación y ‘nadie está por encima de la ley’, dijo el representante Bennie Thompson, presidente del comité especial de la Cámara Baja a cargo de investigar las causas del motín.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, alentó a los miembros de su partido a votar en contra del fallo por desacato, pero aún así no pudo evitar la remisión del caso a la oficina del fiscal general, Merrick Garland.
Aunque el DOJ históricamente fue reticente a usar su poder de enjuiciamiento contra testigos declarados en desacato al Congreso, las actuales circunstancias son excepcionales ya que los legisladores investigan el peor ataque a la sede del poder legislativo en dos siglos, en opinión de observadores.
Dos semanas atrás, Trump y su equipo legal anunciaron que recurrirían a los llamados privilegios presidenciales para impedir las declaraciones de los funcionarios y el acceso de los congresistas a documentos gubernamentales.
Sin embargo, el actual presidente, Joe Biden, negó al exmandatario su solicitud de impedir el acceso a los registros presidenciales del 6 de enero.
La comisión legislativa que analiza los disturbios pidió información sobre las actividades de Trump ese día, cuando sus seguidores irrumpieron en el inmueble federal para impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.
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