Desde el 4 de octubre, el plantón instalado por autoridades de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ exigían ser tomados en cuenta en el proceso de preconsulta del proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)-Pronico.
El medio alternativo digital Prensa Comunitaria detalló que unos 300 agentes antimotines ejecutaron el desalojo violento, después de varios días de intimidación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y del alcalde.
Ante el uso excesivo de la fuerza en este caso, Rodas preguntó ‘por qué no actuaron así ante el terrorismo del pasado martes en el Congreso de Guatemala, cuando exmilitares causaron grandes destrozos e incendiaron automóviles y oficinas’.
‘Recuerdo a las autoridades que deben garantizar libertad de prensa y derecho a la información’, reclamó el Procurador en respuesta a la actitud agresiva contra periodistas de Prensa Comunitaria y de otros medios que cubrían los hechos.
De acuerdo con sus relatos, casi 50 bombas lacrimógenas fueron disparadas en contra de las personas, no para dispersar, sino contra los cuerpos de las personas, indicaron.
Entre los manifestantes había niños, mujeres, adultos mayores y no les importó, denunciaron.
Los antimotines arremetieron contra la protesta pacífica con el fin de que Compañía Guatemalteca de Níquel-Pronico pudiera movilizar unos 40 camiones cargados de carbón hacia la planta de la minera, ubicada a unos siete kilómetros del lugar.
Prensa Comunitaria desmintió, además, que los pobladores tuvieran armas como decían los agentes.
‘Resguardando las góndolas de CGN-Pronico, los policías tiraron piedras a la población mientras antimotines avanzaban con el fin de que los camiones pudieran pasar por medio del plantón pacífico’, reseñó el medio de comunicación.
Varias organizaciones sociales y personalidades como el diputado Aldo Dávila rechazaron también la brutalidad con la que actuó hoy la policía en contra de la población q’eqchi’.
‘¿Cuál es la intención del presidente Alejandro Giammattei de usar la fuerza desmedida contra la población que pacíficamente protestaba en contra de la minería en Izabal? Las comunidades en resistencia en ningún momento bloquearon el paso o libre locomoción a particulares o comerciantes’, afirmaron las organizaciones.
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