La primera de las disposiciones, con el numeral 230, reforma el Reglamento de Regulación de Precios de Derivados de Petróleo expedido el 25 de julio de 2005 y publicado en el Registro Oficial el 2 de agosto de ese mismo año, con el fin de aplicar valores fijos para esos productos.
Por otra parte, en el decreto 231, el mandatario declaró la excepcionalidad de los precios de la gasolina extra y del diésel, con la consecutiva suspensión de la aplicación del Sistema de Bandas, que permitía varias las tarifas con carácter mensual.
Supuestamente los beneficios de las normativas radican en que congelan los valores de ambos derivados del petróleo, sin embargo previamente establecieron un incremento de cinco centavos por cada galón de gasolina (de 2.50 a 2.55 dólares) y de 21 en el diésel (de 1.69 a 1.90), rechazado por la mayor parte de la población.
Esta medida podrá ser revisada según la situación económica y de las finanzas públicas, de conformidad con la normativa vigente, aclara el decreto 231.
Las regulaciones no fueron bien recibidas por diversos sectores de la población, cuya demanda específica, desde octubre de 2019, es derogar el reglamento que eliminó los subsidios a los derivados del petróleo.
El reclamo ha sido motivo de paros nacionales, manifestaciones, cartas y otras acciones para hacer notar al gobierno el daño que ocasiona a los bolsillos de los trabajadores el alza de esos productos.
Según alegan los demandantes, al aumentar los valores de la gasolina y el diésel también se incrementan los productos del agro y otros de primera necesidad, además de las tarifas del transporte.
En consecuencia, a partir del venidero 26 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores, se declaran en resistencia, pues consideran una burla y un paquetazo, la nueva medida.
A la postura de ambos colectivos se sumaron ya la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones.
De su lado, el gobierno sostiene que la adoptó tras conversaciones con directivos de sectores sociales y por el bienestar de la ciudadanía.
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