La caminata pacífica partió de la capitalina Plaza de la Constitución hacia el Ministerio Público (MP) y contó además con el respaldo de autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán en rechazo a la medida de excepción impuesta por el presidente Alejandro Giammattei para invisibilizar la resistencia q’eqchi’ a la explotación minera en sus territorios.
El grupo presentó ante el MP una denuncia contra Giammattei y el ministro de Gobernación Gendri Reyes, tras el empleo violento de la fuerza policial para desalojar un plantón en la carretera próxima a la planta procesadora Pronico.
También exigen participación legítima de sus verdaderos representantes en el proceso de preconsulta sobre la minera Fénix.
La declaración de estado de sitio en El Estor, Alta Verapaz, desató críticas de organizaciones civiles, ya que permite a fuerzas de seguridad mantener el control local por 30 días y restringir derechos constitucionales, de acuerdo con el texto del Decreto 9-2021, que hoy conocerá el Congreso para su ratificación, modificación o rechazo.
Unos 500 soldados y 350 policías llegaron a El Estor en camiones, patrullas e incluso vehículos blindados para imponer el orden y un toque de queda por 12 horas, reseñó Prensa Comunitaria, que también reportó allanamientos a dos radios locales.
En respuesta a la convocatoria al pleno legislativo para después del mediodía, las bancadas opositoras Semilla, Winaq y Movimiento para la Liberación de los Pueblos rechazaron la medida de excepción, al considerarla ‘una acción que evidencia la lógica represiva y de falta de diálogo del presidente Alejandro Giammattei’.
Solicitaremos improbar el decreto porque pone en riesgo la seguridad de las comunidades, no garantiza la resolución del conflicto y solo beneficia a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel/Pronico, aseguró el partido Semilla en un comunicado de prensa.
Por su parte, el Gobierno, en voz del ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, desmintió este lunes la idea de que no se está cumpliendo con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC)sobre el proyecto minero Fénix como medios de prensa divulgan erróneamente, a su juicio.
Esta compañía no está operando, las góndolas que llevan metales a la planta procesadora no provienen de allí, indicó Pimentel.
Confirmó una hoja de ruta para el proceso de preconsulta en curso a las comunidades indígenas en curso, como orientó la CC, así como la reducción de la zona de influencia de la mina a El Estor y Panzós, Alta Verapaz.
Sin embargo, Abelino Chub, uno de los líderes indígenas denunció que ‘el estado de sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería’.
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