Documentos obtenidos por el diario Politico, reflejan la postura de uno de los funcionarios afectados, Mark Lenzi, quien asegura haber sufrido lesiones cerebrales traumáticas mientras estaba en una asignación en Guangzhou, China, a fines de 2017.
Según Lenzi existe una respuesta lenta e inconsistente por parte del gobierno a los incidentes ocurridos durante varios años mientras varias administraciones presidenciales encubren la verdadera fuente de sus dolencias y esconden información al Congreso.
Además, de acuerdo con el rotativo, el Departamento de Estado tardó más de dos años para informar a los legisladores sobre el supuesto uso de armas de energía dirigida como una posible causa de las misteriosas lesiones.
Esa teoría ha sido desmentida por parte de la comunidad científica, al afirmar que ninguna forma de energía conocida puede causar selectivamente daños cerebrales con una precisión similar a un haz de láser.
Expertos estadounidenses e internacionales coinciden en esas apreciaciones y argumentan que las leyes de la física que rigen el sonido, los ultrasonidos, los infrasonidos o las ondas de radiofrecuencia (incluidas las microondas) no permiten los malestares descritos.
Los nuevos documentos no detallan los exámenes médicos que respaldan esa narrativa, pero legisladores de ambos partidos acusan al poder ejecutivo de retener información sobre la investigación, especialmente durante la administración del expresidente Donald Trump (2017-2019).
Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo al diario Politico que la comunidad de inteligencia examina activamente una serie de hipótesis y por eso no ha tomado ninguna determinación sobre la causa de estos incidentes o quién es el responsable.
A inicios de octubre el presidente Joe Biden promulgó una ley de apoyo financiero a los afectados por los supuestos ataques sónicos como respuesta a las lamentaciones de las presuntas víctimas, aquejadas por un mal con probabilidades de ser fruto de la imaginación, según recientes evidencias.
Aunque la ley promulgada lleva el nombre de Havana, el propio señala que en todo el mundo, funcionarios del servicio civil, oficiales de inteligencia, diplomáticos y personal militar se han visto afectados por incidentes de salud anómalos.
Los miembros de la Academia de Ciencias de Cuba denominaron ‘síndrome misterioso’ a la narrativa que Washington utilizó como justificación para suspender los servicios consulares en la isla caribeña y retirar gran parte de sus trabajadores en La Habana durante el gobierno de Trump.
Hasta la fecha, el gobierno estadounidense asegura que ocurrieron cerca de 200 incidentes similares a los que presuntamente se registraron en La Habana, solo que en lugares tan diferentes como India, Rusia, Vietnam y hasta en Washington, D.C.
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