Un grupo de altos funcionarios preside en nombre del ejecutivo las conversaciones con los demandantes, que viajaron con ese propósito a esta ciudad tras una marcha durante una semana de 190 kilómetros desde Caracollo, departamento sureño de Oruro.
Las partes, reunidas en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, debaten sobre las solicitudes de justicia contra los culpables, contenidas en un pliego de 22 puntos, precisó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Veremos todo lo que se avanza en las demandas de los marchistas, en varias de las cuales ya hay adelantos, subrayó la titular, acompañada en el diálogo por otras tres autoridades.
Son ellas los viceministros de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox; de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; y de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
Los integrantes de la marcha llegaron el lunes a esta urbe e instalaron una vigilia en la calle Potosí, esquina Socabaya, a una cuadra de la sede del gobierno en la Casa Grande del Pueblo.
Uno de los representantes de las víctimas recordó la víspera que ‘ya son dos años y no hay justicia. Esperamos pacientemente el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) pero tampoco hubo avances’.
‘Esos asesinos están libres, tienen que estar en (la cárcel de) Chonchocoro, subrayó el marchista en referencia a la impunidad en que se mantienen muchos de los culpables de las masacres, pese a los intentos del gobierno por procesarlos.
Las peticiones incluyen juicios penales contra el gobierno de Jeanine Áñez, que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’ para liberar de responsabilidades penales a policías y militares participantes en actos represivos.
Otros pedidos contemplan el mismo procedimiento contra comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía que integraron el plan operativo contra el pueblo, junto a torturadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en distintas cárceles.
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