El encuentro está pactado para las 08:00, hora local, en el salón Rodolfo Llanes del Ministerio de Justicia y concurrirán una representación de 12 personas integrantes de la marcha, quienes serán recibidos por un equipo gubernamental.
Los demandantes llegaron la víspera a la capital tras recorrer durante una semana los 190 kilómetros que separan la ciudad de Caracollo, departamento de Oruro, y La Paz, trayecto en el que recibieron atención de varias instancias gubernamentales.
A su arribo a la capital y frente al Ministerio de Justicia departamental, una de las víctimas expuso que ‘ya son dos años y no hay justicia, esperamos pacientemente el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) pero la justicia no avanza. Para el pobre no hay justicia y para el rico sí’.
‘Esos asesinos están libres, tienen que estar en (la cárcel de) Chonchocoro. Queremos justicia. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias’, manifestó otro.
Los reclamantes sostuvieron ayer un diálogo con el viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, quien le entregó una nota formal.
El funcionario declaró a periodistas que en el diálogo intervendrán tres autoridades de los ministerios de Gobierno, Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, y trabajarán en unidad y de manera integral.
Participarán además, dijo, el resto de los delegados de las asociaciones de todo el país que también fueron víctimas de la represión durante la asonada de hace dos años, cuyo accionar violento de la Policía y el Ejército dejó 38 personas muertas y decenas sufrieron lesiones de todo tipo.
Ríos adelantó que el encuentro iniciará con la presentación de un informe sobre los avances en la materia y el estado actual de algunas de las 22 demandas presentadas el sábado último a las autoridades.
Comentó que quizás exista ‘un poco de desconocimiento y de actualización respecto a los avances’, de las autoridades y ‘es importante que ellos los conozcan’, apuntó.
Las peticiones incluyen iniciar juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por la golpista Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’, que liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en operativos.
Otras están referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
La víspera el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que en el transcurso de esta semana la comisión de fiscales a cargo de investigar el golpe de estado llamará a declarar a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y a su padre José Luis.
Camacho hijo fue uno de los principales instigadores de la violencia de noviembre de 2019 como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y del pedido de renuncia del entonces presidente Evo Morales, virtual ganador de los comicios de ese año.
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