‘Hemos abordado muchos puntos, no solamente los referidos a su pliego petitorio’ de 22 puntos, declaró a la prensa la ministra de la Presidencia María Nela Prada, quien junto a otras autoridades participaron en la reunión que comenzó la víspera.
En esta primera cita, con sede en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y con alrededor de 30 horas de fluido diálogo, fueron abordados asuntos como acelerar los juicios de los autores intelectuales y materiales de los sucesos de noviembre de 2019 durante el golpe de Estado.
Trataron también el censo nacional de las víctimas, la reparación económica en gastos de salud, atención psicológica, educativa, laboral, así como la activación de un fondo económico destinado al impulso al crédito productivo, una de las estrategias promovidas por el Gobierno del presidente Luis Arce.
Prada destacó el interés de los demandantes de contribuir a la política de reconstrucción económica del Ejecutivo y señaló que ‘tienen varias propuestas’.
La primera semana de noviembre volveremos a reunirnos para trabajar en torno a este plan ‘con un cronograma y con plazos que se han establecido’, subrayó.
Reconoció, como plantearon los demandantes en su pliego de exigencias, la necesidad de avanzar en un plan de reparación integral que no abarque solo lo económico, sino también la reinserción.
Las víctimas sobrevivientes y familiares de las masacres de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y de Senkata, en el Alto, ocurridas el 15 y 19 de noviembre, respectivamente, llegaron el lunes a La Paz después de una semana de caminata de 190 kilómetros desde Oruro.
Entre sus peticiones destaca el inicio de juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’.
Esta normativa liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en los operativos represivos.
Otras están referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
En agosto último el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó un informe en el cual denunció las violaciones del accionar represivo contra el pueblo boliviano que dejó un saldo de 38 muertes y cientos de lesionados, y sacó del poder por la fuerza al entonces presidente Evo Morales.
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