DeSantis señaló este jueves, en rueda de prensa, que la orden de inmunización a los empleados federales y otras compañías privadas contratadas por el Ejecutivo son ‘ilegales’.
De acuerdo con el gobernante de ese estado sureño, las exigencias previstas para entrar en vigor a partir del 8 de diciembre interfieren con las políticas de empleo y afectan la economía del territorio.
Mediante un decreto, el político republicano prohibió a las empresas locales exigir pruebas de vacunación, pues para él la inyección contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, debería ser una opción personal.
La Casa Blanca excede su poder y es importante para nosotros tomar una posición, porque en Florida creemos que estas son opciones basadas en circunstancias individuales, afirmó el gobernador, quien tiene la mirada puesta en una posible candidatura para las presidenciales de 2024.
El mandatario estadounidense aprobó que los empleadores privados con 10 o más trabajadores deberán exigir el esquema de dosis completo a su personal o someterlos a pruebas diagnósticas semanales.
De esa forma, Biden pretende impulsar el ritmo de vacunación para poner fin a la pandemia que cobró en Estados Unidos más de 740 mil vidas hasta el momento y aún así, millones de personas se resisten a recibir los fármacos.
Republicanos en todo el país se oponen a los requerimientos y amenazaron con presentar demandas similares.
La víspera, fiscales generales de 21 estados le enviaron una carta al presidente, en la cual afirman que los mandatos de vacunación ‘tienen bases legales débiles’ y pudieran exacerbar los problemas económicos, principalmente en la cadena de suministros.
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