Aunque el Comité Público contra la Tortura en Israel (Pcati) tiene 55 casos abiertos, el ministerio de Justicia explicó que solo estudia 10 a la espera de una decisión de fiscalía, precisó el rotativo.
Durante el último año observamos una mejora de procedimiento del Shin Bet, pero no hemos visto un cambio sustancial en la forma en que opera, afirmó el abogado de Pcati Efrat Bergman-Sapir.
‘Todos los casos, casi sin excepción, se cierran sobre la base de una revisión preliminar, lo que significa que los interrogadores del Shin Bet que están involucrados en la tortura conservan la inmunidad del estado y las víctimas se quedan sin ninguna forma de justicia o reparación legal’, cuestionó.
El rotativo recuerda que en 1999, la Corte Suprema prohibió la tortura, pero dejó la puerta abierta a la ‘presión física moderada’ en casos especiales para prevenir un inminente ataque terrorista.
El Pcati resaltó la existencia de lagunas legales utilizadas por los interrogadores para aplicar diversas técnicas como la privación del sueño, atar a los detenidos a sus sillas de una manera que pueda resultar incómoda, pero no dolorosa, y la amenazas de arresto a los familiares de los presos.
The Jerusalem Port cita un caso en el cual el ministerio de Justicia admitió que la familia del detenido fue amenazada con el arresto, pero justificó el hecho al considerar que ellos también eran sospechosos de actividades terroristas.
En enero, el fiscal general Avichai Mandelblit cerró una investigación contra miembros del Shin Bet que supuestamente torturaron a un palestino acusado de asesinar a una israelí en 2019.
El caso fue digno de mención ya que fue solo una de las dos pesquisas criminales completas contra la agencia de seguridad en los últimos años porque el palestino casi muere durante el interrogatorio, destacó el periódico.
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