Fuertes debates en la Eurocámara sostuvieron Ursula von der Leyen, jefa del ejecutivo regional, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que precedieron al cónclave comunitario.
Ante el Parlamento Europeo (PE) Varsovia condicionó la aceptación de las reformas relativas al cambio climático exigidas por la UE a la aprobación del fondo de recuperación pospandemia, acción que reavivó el diferendo bilateral.
Morawiecki expresó sus críticas contra lo que calificó de «chantaje» desde el ente comunitario que a su vez manifestó preocupación por la situación relativa al Estado de Derecho en Polonia.
Mientras su viceministro de Relaciones Exteriores Waldemar Duda declaró, en entrevista a la cadena Polstan, que «la secuencia de acontecimientos debe ser clara”.
Primero, los fondos de reconstrucción, después, la discusión sobre el paquete climático, afirmó el diplomático polaco.
Esa sucesión de acontecimientos llevó entonces a los expertos internacionales a suponer un Polexit (salida del país báltico de la UE), acción desestimada más tarde por el ejecutivo de Morawiecki.
Tras los debates en la Eurocámara, los líderes comunitarios desarrollaron su cumbre con una agenda centrada en el diferendo bilateral, pero preocupada, además, por aspectos relativos al cambio climático y al uso de energías renovables, temas que también conciernen al ejecutivo de Varsovia.
El plan de la entidad comunitaria busca reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 55 por ciento para el año 2030.
Pero Polonia reclama que se tengan en cuenta sus «términos», pues dicha nación es la más dependiente del carbón dentro del bloque integracionista al generar el 70 por ciento de la energía a partir de ese combustible, según la agencia Bloomberg.
Además, Ryszard Terleck, responsable del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) advirtió antes, en un encuentro económico en el Sejm (Cámara Baja del parlamento polaco), sobre la posibilidad del Polexit ante retrasos del mecanismo comunitario en el envío de fondos para combatir la pandemia de la Covid-19.
No obstante, tanto el legislador del PiS como el portavoz gubernamental, Piotr Muller, se mostraron más favorables a impugnar algunas cuestiones que afectan los vínculos con la UE y desestimar por el momento “soluciones más drásticas”.
Entonces la Comisión Europea anunció que acudiría de nuevo al Tribunal de Justicia regional para pedir una multa contra Polonia por incumplir con la suspensión cautelar del régimen disciplinario que impone a sus jueces, acción que se concretó con la aprobación de una penalización ascendente a un millón de euros que Varsovia deberá erogar diariamente.
La medida del ejecutivo polaco socava la independencia del sistema judicial, según la UE, que la impugnó desde su aprobación en 2018.
En actitud solidaria días atrás el jefe del gobierno húngaro, el ultranacionalista Viktor Orban, arremetió contra el bloque integracionista, al asegurar que Bruselas trata a su país y a Polonia como si fueran sus enemigos.
De esa forma, Orban emergió como uno de los pocos líderes europeos en respaldar a Varsovia, mientras la UE cuestiona en ambos casos violaciones al Estado de derecho, y a Budapest la juzga además por lo que califica de “deriva autoritaria” del Gobierno.
En la cumbre regional Alemania votó a favor de mantener abierto los canales con el ejecutivo de Morawiecki, y en esa dirección la saliente canciller federal Angela Merkel habló sobre hallar vías para el diálogo porque, según sus palabras, “una cascada de litigios ante el Tribunal de Justicia Europeo no es una solución para el problema”.
msm/to/ehl
