El documento conclusivo de la CPI contiene nueve acusaciones de delitos contra Bolsonaro, entre ellas el de crímenes contra la humanidad.
Por mayoría de siete votos a cuatro, la junta senatorial certificó el martes el contenido redactado por Renan Calheiros en su condición de relator tras un balance de 69 reuniones en seis meses y 400 horas de testimonios.
La nueva versión del texto trajo una serie de «mejoras y profundizaciones», según palabras de Calheiros respecto a la versión inicial, presentada la semana pasada.
Entre los cambios aparece la inclusión de 12 nombres más en la lista de acusaciones propuestas, lo cual eleva el total a 78 personas físicas y dos jurídicas.
«Como compromiso que asumimos con ocasión de la lectura de nuestro informe, se aceptaron todas las adiciones sugeridas, compatibles con la investigación, con las pruebas, con los indicios», señaló el ponente.
Además de aumentar la lista de denunciados, otras inclusiones en la versión del informe fueron la mención de la transmisión de Bolsonaro, el 21 de octubre, retirada del aire después por la plataforma de videos YouTube y la red social Facebook.
En el audiovisual, el gobernante hizo una asociación sin base científica entre las vacunas antiCovid-19 y el sida.
También en el escrito figura la profundización del capítulo sobre la crisis de oxígeno en el norteño estado de Amazonas, ampliado de 35 a 58 páginas y una nueva sección sobre la política exterior del Gobierno federal respecto al virus.
Para Calheiros, la administración de Bolsonaro fue omisa y optó por actuar de forma poco técnica y negligente, descuidada, para enfrentar a la Covid-19 que cobró hasta la fecha 607 mil 462 vidas perdidas y 21 millones 793 mil 401 infectados.
De acuerdo con el contenido, el Ejecutivo mantuvo un gabinete paralelo para apoyar medidas en el área de la salud en contra de la evidencia científica.
Asimismo, trabajó con la intención de inmunizar a la población a través de la llamada inmunidad de rebaño, priorizó el denominado tratamiento temprano sin apoyo científico de la eficacia, actuó en contra de la adopción de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.
También el Gobierno «actuó deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, en evidente desprecio por la vida de los brasileños», señala el escrito.
Después de la aprobación por mayoría simple, el informe de la CPI fue remitido a la Fiscalía federal y también será entregado a la justicia ordinaria y a otros organismos multilaterales, como el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
mem/ocs
