Montevideo, (Prensa Latina) Inminente, el referendo que viene en Uruguay para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) comienza a movilizar a la ciudadanía en torno a dos propuestas de país en juego.
Todavía la Corte Electoral prosigue el conteo y validación de las firmas de solicitud para convocar a ese ejercicio democrático entre las casi 800 mil recolectadas y entregadas, cifra que sorprendió a los propios promotores y más aún a detractores oficialistas.
El órgano arbitral apenas anuló un nueve por ciento de las papeletas revisadas, cerca ya de llegar a las 675 mil constitucionalmente necesarias para acudir a las urnas por el SÍ o el NO en marzo o abril venideros.
Para la Comisión Pro Referendo, integrada en el último trimestre de 2020 por alrededor de 60 organizaciones sociales, lo conseguido al vencerse el plazo de entregas de adhesiones el 5 de julio fue “una gran patriada”.
Sus militantes lo hicieron en medio de las peores curvas de la pandemia de la Covid-19, observando las restricciones debidas, casa por casa, en esquinas callejeras, mercados populares, a las salidas de centros laborales.
Los impugnadores a la LUC- entre los cuales descollan el Frente Amplio y la central sindical PIT-CNT- censuraron la imposición de un proyecto legislativo ómnibus de casi 500 artículos, tildado de abusivo por abarcador, sin que la población conociera su contenido, ni lo precediera un debate democrático.
El frenteamplista Partido Comunista de Uruguay lo calificó de programa de restauración conservadora de orientación neoliberal, anti obrera y represiva, alentado por la vertiente más a la derecha del Partido Nacional (PN) del presidente Luis Lacalle Pou.
Con la previsible mayoría parlamentaria de los cinco partidos afines en coalición, la LUC salió adelante, aunque reducida a 476 artículos, y señales de que los principales partidos aliados Colorado y Cabildo Abierto, desconocían muchos de los contenidos trazados en la cúpula más cerrada del dominante PN.
La bancada de izquierda votó en contra de la concepción de la LUC en su conjunto, y en el escrutinio de los articulados, aprobó una parte y rechazó aquellos más negativos y retrógrados para la sociedad y la población uruguayas.
De ahí surgieron los 135 artículos por cuya derogación pugna la Comisión Pro Referendo, que lanzó oficialmente la campaña el 24 octubre en actos masivos en distintos departamentos del país.
En el debate abierto, legisladores del Frente Amplio denunciaron la inclusión del desalojo expreso a inquilinos de viviendas en plazos extremadamente cortos, aún para un buen pagador, que deja familias enteras en la calle.
Tampoco ven con buenos ojos la erradicación de los Consejos de Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, no solo por una cuestión organizacional, sino porque les quita participación democrática, sobre todo a los docentes en el proceso educativo.
En el capítulo de Seguridad, impugnan que la figura de legítima defensa- cuando lo que está en juego es la vida humana- se extienda a la propiedad porque ya hubo casos de “gatillo fácil” por una oveja o una bicicleta.
Si bien acompañaron el aumento de penas para delitos de violación, abuso sexual, de cuello blanco, narcotráfico y lavado de dinero, lo estimaron inconveniente en circunstancias en que era innecesario, lo que genera hacinamientos y sobrepoblación carcelaria sin rehabilitación.
Entre las objeciones compartidas por PIT-CNT aparecen las cortapisas al derecho de huelga obrera y eliminar la obligación del pago salarial por medios electrónicos que propicia tratos sin garantías entre empleados y empleadores que evaden tributos.
El exsenador Rafael Michelini, uno de los representantes del FA en la Comisión, explicó que la idea que prima entre todos los participantes es que la campaña no debe tomarse como la confrontación entre el gobierno y la oposición política, sino “el enfrentamiento a un proyecto que minimiza el Estado y le da más facultades al mercado”.
Alegó que “no hablamos de una elección a mitad de tempo; el gobierno y el Parlamento seguirán, queremos erradicar 135 artículos que son nefastos para nuestro ordenamiento jurídico”.
En su opinión muchos miembros de los partidos Colorado y Nacional que creen en el Estado, en su papel de protector y como dinamizador, y que pueden haber votado a Lacalle, no están de acuerdo con estos artículos. Inclusive compartieron los actos de lanzamiento de la campaña.
Otro integrante de la Comisión, el socialista José Nunes, comentó que los 135 artículos plasman “un modelo que tiende a la concentración de la riqueza, a debilitar el rol del Estado, desproteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, y a la represión como solución a los problemas de la convivencia y la seguridad..” .
A su vez el secretario general de la integrante Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo Gonzáles, percibió al gobierno “muy preocupado” en remitirse al miedo y al terror de la gente.
Citó al respecto al ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien expresó que de triunfar el SÍ “volveríamos a la educación soviética”, como si alguna vez hubiera existido en el país.
Por su parte el senador frenteamplista Enrique Rubio calificó de demagogia irresponsable declaraciones de personeros gubernamentales contra el referendo para revocar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El legislador del PN Sergio Botana adujo que con la eventual derogación ‘no se podrá andar más por las calles, porque la inseguridad campeará, por el respaldo a los delincuentes’, lo que secundó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el agregado falaz de que “vamos a sacarle protección a la Policía y abrir las cárceles”.
Este entorno indica que un sustancial debate está abierto y se intensificará en Uruguay ante el referendo que viene.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Uruguay
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