La Ejecutivo llegará a esa instancia, el jueves próximo, sin que las bancadas legislativas, en su mayoría, hayan tomado una decisión, las de extrema derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- decididas a negar la confianza.
Ese sector condiciona su voto por la confianza al retiro de dos ministros y al abandono del proyecto gubernamental de promover una asamblea constituyente, que la primera ministra, Mirtha Vásquez, considera no prioritario, y Castillo lo deja a la voluntad popular.
Las bancadas de centro se dividen entre las que extienden su confianza al gabinete y las que alegan que han entrado en dudas debido a que el presidente llamó al Parlamento a concertar una ley de nacionalización del gas natural, entendida como el control del recurso, sin terminar la concesión por la cual lo explota un consorcio extranjero.
Para muchos, el rechazo al gabinete será una vuelta más a la tuerca de la vacancia (destitución) presidencial, abonada por una reciente ley aprobada por el Legislativo, que elimina un factor disuasivo de la negación de la confianza.
La norma elimina la posibilidad gubernamental de hacer cuestión de confianza en el gabinete ministerial, ante una moción de censura a uno de sus integrantes, reduciendo al mínimo la posibilidad de dos negaciones que autorizan al presidente a disolver el Congreso. Sin embargo, si la mayoría se decide por negar la confianza, irá contra la opinión de dos tercios de la población, partidaria de la ratificación al gabinete, según una encuesta del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El sondeo verificó que 65 por ciento de los consultados opinan que el Parlamento debe dar su confianza a la ambientalista Mirtha Vásquez, lo cual lleva al diario La República a afirmar que “si el Parlamento representa a la población, podría argumentarse que debe sintonizar con lo que esta pide”.
El moderado expresidente Francisco Sagasti, antecesor de Castillo, coincidió con el Gobierno en que el Congreso debe dar su confianza al gabinete y después evaluar el desempeño de los ministros y en igual sentido se expresaron manifestaciones populares contrarias muy críticas de la conducta congresal.
Por otra parte, el sondeo del IEP reportó una caída da la aprobación de la gestión de Castillo de 40 a 35 por ciento y una mayor pérdida de aprobación en sus bastiones electorales, el sur del país, de 58 a 42 por ciento, y las zonas rurales, de 55 a 41 por ciento.
Entre los motivos de la desaprobación al mandatario, el primero es su falta de liderazgo (36 por ciento), a lo que sin duda se suma la incesante campaña mediática en su contra que, para muchos, aprovecha también errores y debilidades de su gobierno.
El mandatario cumplió la semana previa los 100 días de tregua que históricamente la prensa y los partidos otorgan a un nuevo presidente y que a él le fueron negados, pues transcurridos los actos de instalación del nuevo gobierno, se desató una oposición hostil, política y mediática.
El asedio obligó al jefe de Estado a recomponer su gabinete ministerial, el 6 de octubre último, en el árido empeño de lograr una relación de diálogo con las bancadas opositoras, que actúan bajo fuerte influencia de grupos de extrema derecha que no ocultan el deseo de vacar (destituir) al gobernante.
Por otra parte, el sector más beligerante de la oposición, que cuenta con el apoyo de grupos violentos, planteó a través de estos una variante de la vacancia, la anulación de las elecciones de abril pasado y la realización de nuevos comicios generales.
La fórmula incluye el cambio de las autoridades electorales -las nuevas serían nombradas por el Congreso actual- que no validaron la impugnación de la victoria de Castillo ni otras maniobras derechistas para impedir que asuma el cargo.
La fórmula fue revelada por los grupos violentos de derecha extrema que el viernes último exigieron nuevas elecciones en un poco concurrido plantón ante el Poder Judicial.
Allí presionaron a un juez para que falle a favor de un recurso de nulidad de las elecciones, que tendría que ser rechazado porque el tribunal es el único autorizado a dirimir cuestiones electorales.
Esos mismos grupos, que usan nombres como La Resistencia, Los Combatientes o La Insurgencia, están a punto de concretar una alianza anticomunista con grupos de militares, según el portal periodístico Epicentro, para reclamar en las calles la vacancia de Castillo, a quien acusan de “terrorista”.
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