El relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter, dialogó con residentes de Mar Mikhael y Geitaoui, dos de los vecindarios más dañados por el incidente explosivo de agosto de 2020.
Varias familias de la zona expresaron sus quejas a De Schutter sobre la falta de protección social y la mala administración del Gobierno hacia el desastre.
Otros manifestaron su preocupación por su incapacidad para pagar alquileres o servicios públicos, sobre todo quienes perdieron sus negocios por la onda expansiva.
“No tenemos ninguna confianza en el gobierno”, dijo un residente de edad avanzada que habló sin identificarse.
Más de 200 personas murieron y seis mil 500 resultaron heridas al estallar miles de toneladas de nitrato de amonio, almacenadas de manera insegura en la terminal portuaria.
La explosión fue una de las más grandes no nucleares en la historia y destruyó vecindarios enteros.
De Schutter evaluará en dos semanas la respuesta del Gobierno a la peor crisis económica del país y el papel de las organizaciones internacionales.
Casi 80 por ciento de los residentes en Líbano cayó por debajo del umbral de la pobreza, calculado en 3,64 dólares diarios, según el Banco Mundial.
Mientras, para una cuarta parte de la población era imposible cubrir sus necesidades alimentarias, de acuerdo con un reporte de la ONU.
Un plan elaborado para Líbano por el máximo organismo mundial requiere 383 millones de dólares a fin de ayudar a 1,1 millones de personas que necesitan alimentos, educación, atención médica, saneamiento y protección infantil.
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