A través del documento, el Legislativo exhortó a los órganos de justicia a redoblar sus esfuerzos para investigar y sancionar los hechos que pudieran constituir violaciones de los derechos humanos (DDHH), de conformidad con lo previsto en la Constitución y los tratados internacionales.
Asimismo, el Parlamento venezolano estableció su plena disposición para emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema judicial.
El diputado Saúl Ortega expresó que el Memorando de Entendimiento ratifica la voluntad democrática de Venezuela en la defensa de la justicia y de los derechos humanos, en su condición de país firmante del Estatuto de Roma.
A su vez, el parlamentario Julio Chávez calificó el acuerdo suscrito con la Fiscalía de la CPI como un acto de ratificación de la democracia venezolana y un reconocimiento a la legitimidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, reseñó la Asamblea Nacional en nota de prensa.
La rúbrica de la carta de entendimiento siguió a la decisión de la Fiscalía de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017, y proceder a abrir una pesquisa formal para establecer la verdad.
El Estado venezolano interpretó que no se cumplieron los requisitos para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la de investigación, y consideró que las denuncias deben ser abordadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin.
Según lo acordado, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron su compromiso a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad.
En tal sentido, se establecerán mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la Fiscalía de la CPI en el territorio venezolano.
Asimismo, el Gobierno de Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo del ente judicial internacional.
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