La rúbrica de la carta de entendimiento siguió a la decisión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017, y proceder a abrir una pesquisa formal.
El Estado venezolano interpretó que no se cumplieron los requisitos para justificar el paso a la siguiente fase de investigación, y consideró que las denuncias deben ser abordadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin.
Según lo acordado, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron el compromiso a colaborar activamente entre sí, establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la Fiscalía de la CPI en el territorio venezolano.
Asimismo, el Gobierno de Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo del ente judicial internacional.
Al respecto, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que “respeta, pero no comparte” la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI, aunque ratificó la voluntad del Estado venezolano y sus instituciones en la búsqueda de la verdad y la determinación de hechos.
“Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar; para que haya paz, debe haber justicia”, enfatizó Maduro durante la firma del acuerdo.
A su vez, el fiscal Karim Khan subrayó el compromiso de trabajar de manera complementaria e independiente con Venezuela, al tiempo que rechazó cualquier intento de politizar la labor de su despacho; “nos guían los principios de la legalidad y el Estado de Derecho, no cuestiones políticas”, aseveró.
Ante este escenario, el Parlamento venezolano aprobó un acuerdo de respaldo al memorando de entendimiento suscrito la víspera por la República Bolivariana y la Fiscalía de la CPI, en el cual exhortó a los órganos de justicia a redoblar sus esfuerzos para investigar y sancionar hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la Asamblea Nacional estableció su plena disposición para emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema judicial.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó la firma del memorando como una victoria de las instituciones democráticas venezolanas, al abrir las puertas a la consolidación del diálogo y la cooperación entre las partes para el establecimiento de la verdad en los hechos denunciados.
Saab precisó que los expertos de la CPI podrán percatarse del sostenido trabajo de las instituciones penales y judiciales venezolanas en materia de imputaciones y sentencias condenatorias relacionadas con violaciones de derechos humanos, “para castigar a quienes lamentablemente se separaron del camino de la ley”, manifestó.
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