Dos de los más connotados incluyen a la jueza de Alto Riesgo Éricka Aifán y su colega Pablo Xitumul, en el blanco desde hace meses de acusaciones constantes y pedidos de antejuicio para separarlos de sus cargos.
Para Aifán no hay dudas de que se trata de «un ataque sistemático y estructurado que no cesa» al punto de entorpecer sus labores y obligarla a demandar al Estado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de su independencia judicial y temor por su vida debido a sus fallos contra políticos, empresarios y hasta jueces.
En un reciente panel auspiciado por la Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (Ricigt), la togada expuso que en un estudio realizado entre 2020-2021, el 51 por ciento de denuncias ante la junta disciplinaria fueron contra tres jueces de Alto Riesgo, y la mayoría en su contra.
«Hablamos de ataques simultáneos en el tiempo, con la contratación de un abogado exclusivamente para este tema», denunció, pero lo peor es que frente a esa persecución nos encontramos un poder judicial débil, que no puede dotarnos de personal idóneo, detalló.
Por el contrario, hemos tenido personas que nos espían, filtran información, sustraen o desaparecen actuaciones procesales o, incluso, expedientes completos, puntualizó.
En ese sentido, la Ricigt llamó la atención sobre quiénes son los perseguidores, los mismos implicados en el caso de cooptación de justicia Comisiones Paralelas, entre ellos, magistrados señalados por investigaciones de corrupción y tráfico de influencias en 2020.
«Mientras los casos de antejuicios contra magistrados y políticos son detenidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad, los expedientes contra jueces honestos continúan su camino. Sabemos que quieren perjudicar la carrera de la Jueza Erika Aifán y separarla del cargo», publicó la Red en su página oficial en Twitter.
Días atrás, Aifán presentó una acción legal en contra de la decisión del juez pesquisidor Isaías Chávez, quien ordenó al magistrado Wilber Castellanos ratificar la solicitud de retiro de inmunidad en su contra, a pesar de que este ya no es parte del proceso, el cual tendrá una nueva página el próximo lunes.
La intrincada madeja legal, con su cuota de desgaste, también se cierne sobre Xitumul, pues por cuarta ocasión la CSJ rechazó su solicitud de presentar pruebas para demostrar su inocencia en la última acusación abierta en su contra.
Analistas en temas de seguridad coinciden en que en ambos casos se trata de un intento por criminalizar a jueces que llevan expedientes de alto impacto para beneficiar a personas acusadas de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
La víspera, también el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval, alertó en un mensaje a la opinión pública sobre «el papel del Ministerio Público (MP) de Guatemala como instrumento para criminalizar, estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país».
Actualmente exiliado en los Estados Unidos, tras su destitución abrupta del cargo por la fiscal general Consuelo Porras, Sandoval explicó que en las últimas semanas la Fiscalía de Asuntos Internos del MP citó a varios operadores de justicia con el propósito de que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas por personal que labora en la Feci.
«La dinámica de las comparecencias ha tenido como común denominador, el uso de procedimientos intimidatorios para que los citados consientan que formaron parte de una estructura criminal ficticia y rindan información sobre supuestos ilícitos cometidos a cambio de beneficios procesales», denunció Sandoval.
En su opinión, la estrategia actual pretende no solo desacreditarlos por todas las vías ante los ciudadanos guatemaltecos, sino también la manipulación del sistema legal con apariencia de legalidad y el uso del procesamiento sin mérito, todo un retroceso del sistema de justicia desde 2015.
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