Cada euro debe otorgarse teniendo en cuenta el respeto a los principios del Estado de derecho, especialmente en un momento «crucial» para la recuperación del bloque, afirmó von der Leyen.
Sus palabras aludieron a los ejecutivos de Varsovia y Budapest, cuestionados por el mecanismo regional por promulgar leyes contrarias a los preceptos comunitarios, según Bruselas.
En ambos países normativas gubernamentales limitan la libertad de expresión, así como el accionar de la justicia y los magistrados, de acuerdo con directivos del mecanismo comunitario.
Días atrás los representantes polacos protagonizaron fuertes enfrentamientos verbales con la contraparte comunitaria en el seno del Parlamento Europeo y también en una cumbre del bloque integracionista.
Varsovia, eje central de los ataques desde la UE, solo contó con el apoyo de Budapest, en su momento también blanco de la arremetida comunitaria.
El ente europeo cuenta con un mecanismo con el que puede suspender el desembolso de ayudas, tanto del presupuesto como del fondo de recuperación, a un país que, según sus preceptos, viole los principios del Estado de Derecho.
Pero dicha financiación también está supeditada al compromiso de las naciones con el objetivo de disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, punto de fricción con ambos gobiernos cuyos países generan gran parte de la electricidad a partir de los combustibles fósiles.
Von der Leyen fijó en 470 ml millones de euros las inversiones de la UE cada año para lograr los objetivos planteados en la Cumbre de la ONU (COP26) celebrada en Glasgow, Reino Unido, relativos a alcanzar la neutralidad climática para 2030.
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