Según un boletín institucional, hay más de 300 cisternas que transportan gasolina y diesel varadas en la carretera Camiri-Santa Cruz a causa de los bloqueos.
Estos combustibles sirven para abastecer entre tres y cuatro días la demanda en ese departamento y, de continuar el paro y los bloqueos, existe la posibilidad de que en dos días falten esos recursos en este lugar y en otras zonas del oriente del país, apuntó Molina citado por el periódico Ahora el Pueblo.
Explicó que ante esa situación la Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco puede parar su actividad, debido a que no existe la manera de sacar la producción a causa de que las cisternas que retiran los combustibles están retrasadas, lo cual impide atender con normalidad la demanda de esos carburantes en el oriente boliviano.
“Tampoco están ingresando aditivos e insumos que se necesitan para la elaboración de la gasolina especial desde el exterior. Debido a esta situación, habrá falta de combustibles y el sector productivo oriental será gravemente afectado, más aún en esta época del año cuando comienza la campaña de verano 2021-2022”, agregó.
Añadió que las afectaciones a la producción en las áreas urbanas y rurales serán irreversibles si continúan estas medidas de presión con fines políticos.
“No se entiende, veníamos recuperando la economía y nos vemos con este golpe que afecta al desarrollo nacional por un paro cívico sin sentido”, manifestó.
El ministro aclaró que en el resto del país no hay riesgo de desabastecimiento debido a que el transporte de hidrocarburos fluye con normalidad.
El paro indefinido inició el pasado lunes convocado por cívicos para rechazar la Ley 1386 de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Marcelo Montenegro, las pérdidas ocasionadas al país por un día de paro se estiman en 112 millones de dólares, puesto que el cese de las actividades económicas de ciertos sectores afecta más de una cadena productiva.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo exhortó en esta jornada a que las protestas no afecten el derecho a la salud de la población ni la libre circulación del personal médico.
“En esta coyuntura de protestas agravada por la presencia de la Covid-19, esta situación representa una gran preocupación porque se ponen en riesgo los servicios de atención médica en los diferentes hospitales públicos y privados”, señaló.
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