El recién electo presidente de la central sindical uruguaya Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en XIV Congreso Nacional resaltó entre los desafíos por delante la necesidad de defender el trabajo y la negociación colectiva.
Abdala mencionó entre las resoluciones la convocatoria a “un nuevo congreso del pueblo, con la totalidad de las organizaciones populares, para pensar un programa de transformaciones, con foco en trabajo de calidad, derechos humanos y distribución de la riqueza”.
El Congreso obrero rechazó la propuesta oficial de reforma de la seguridad social, descripta como “inminente arremetida antipopular en nuestro país, sintetizada en el documento de recomendaciones elaborado por los operadores de gobierno en la Comisión de Expertos para impulsar cambios regresivos de corte neoliberal”.
A ello sumó dialogar con la población de cara al referendo contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
A este respecto, el senador comunista Óscar Andrade propuso debatir con el presidente de su país, Luis Lacalle Pou, sobre la LUC, una legislación que “pavimenta el terreno para un Uruguay más desigual, menos democrático y con menos derechos”, recalcó.
En la semana trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se manifestaron frente a la sede central para protestar el cierre del programa Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), el único de cercanía a las localidades.
Las actuales autoridades también suprimieron otros programas introducidos desde el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) para empleos, jóvenes y de asistencia a la vejez.
A su vez, la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cobró impulso en Uruguay con denuncias contra autoridades gubernamentales que lo pusieron en tela de juicio.
Varios grupos feministas se convocaron frente a la Torre Ejecutiva para entregar una declaración de protesta al presidente Luis Lacalle Pou en la que piden la renuncia del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.
En tanto Organizaciones, gremios y movimientos sociales que integran la Asamblea Nacional de Derechos Humanos en Uruguay rechazaron el proyecto de ley del oficialista partido Cabildo Abierto, de excarcelar a represores de la pasada dictadura aquí.
La criticada propuesta legislativa consiste en pasar a recluidos en cárceles que cumplieron 65 años de edad a prisión domiciliaria, con el solo objetivo de beneficiar a 20 exmilitares sentenciados por la comisión de torturas, homicidios y violaciones a prisioneros, entre otras causas.
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