Como sanción, tendrá que pagar más de 13 millones de quetzales (1,6 millones de dólares), pero no podría salir de la cárcel inmediatamente porque aún debe responder por el proceso Cooptación del Estado.
En declaraciones a medios de prensa, Pérez Molina denunció el exceso de prisión preventiva en su contra (seis años y dos meses) y aunque aplaudió la medida sustitutiva, aseguró que no tiene dinero para pagarla.
El exgobernante precisó que sus cuentas están embargadas y las propiedades en extinción de dominio.
La caución económica se calculó en base a los montos aproximados del alcance de la defraudación aduanera causada por la red La Línea.
En un intento por revertir la decisión de este lunes, el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición, pero no prosperó.
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